LOS tiempos de crisis son malos para el medio ambiente. Cuando el paro avanza y la recesión es algo más que un fantasma lejano, los gestores públicos a todos los niveles dan prioridad a la reactivación económica y pasan a segundo plano los objetivos ecológicos. A la utopía deseable del desarrollo sostenible se le cae el adjetivo. Se busca el desarrollo a toda costa. Incluso en la costa más colmatada, si se me permite el juego de palabras.

En la Junta de Andalucía, después del sarampión verde de los últimos años, está llegando el reflujo de la marea ecologista. Se imponen los consejeros más productivistas a los más medioambientalistas, sin que esa distinción suponga un juicio moral sobre unos y otros; simplemente, la coyuntura da alas a los primeros, y los otros corren el riesgo de transformarse en especies a proteger, si no en vías de extinción, al menos en vías de suspensión indefinida. La coyuntura no da para alegrías, es decir, para cortapisas y frenos a los proyectos económicos.

El decreto del golf, que salió hace menos de un año tras debates infinitos entre Medio Ambiente, Economía y Presidencia, será modificado, mediante una enmienda socialista en el Parlamento andaluz, para zanjar lo que precisamente fue el centro de estas discusiones: se podrán construir campos de golf con viviendas anejas sin necesidad de que los contemplen los planes territoriales de la Junta. Bastará con que sean "de interés turístico", manto flexible bajo el que cabe casi todo. Igual que en el POTA y los planes urbanísticos territoriales se dejó la puerta abierta a la construcción de más viviendas que las autorizadas por la ley siempre que fuera en las "áreas de oportunidad". Otro manto de amplio cobijo, extensible a voluntad. Todo, por culpa de la crisis.

Las excepciones, en campos de golf y en viviendas, pueden terminar convirtiéndose en regla general en función de la presión que sean capaces de ejercer alcaldes y promotores sobre una Administración que tiene una sola consigna: el crecimiento económico. A la vez, media docena de leyes de protección medioambiental van a ser parcialmente modificadas a fin de permitir más actividades económicas en los territorios a los que afectan y reducir los plazos administrativos de los permisos. Un movimiento de alcaldes nacido nada menos que en Alcalá de los Gazules, cuna del socialismo andaluz contemporáneo, exige a la Junta que flexibilice las normas reguladores de los parques naturales que coartan el despliegue económico de su entorno. Apuesto lo que quieran a que tendrán éxito.

Está en la naturaleza de estos tiempos turbulentos: lo verde se reducirá en el futuro inmediato a linces, águilas imperiales y poco más.

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