Editorial

Mejora de una ley insuficiente

LA ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, anunció ayer la intención del Gobierno de "endurecer" la denominada ley antitabaco, lo que en la práctica supondrá la prohibición de fumar en todos los espacios públicos y de ocio de nuestro país. Jiménez aseguró que la sociedad española ya está "madura" para ello y que su departamento cuenta con encuestas que indican que un 70 por ciento de los españoles aprobaría esta medida. Si partimos de la base de que el tabaquismo es una enfermedad adictiva que cada año provoca la muerte de unos 55.000 españoles, como ella misma subrayó, la ministra se equivocó al citar el sondeo como uno de los factores a tener en cuenta en esta buena y esperada decisión. La salud pública debe regirse al dictado de los científicos -que desde el principio han criticado la ley por permisiva- y no de las encuestas. Ese es el principal fallo de la ley antitabaco original, que pecó de timorata cuando la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno o incluso algunos menos desarrollados cuentan con legislaciones más restrictivas para velar por la salud de sus habitantes. Aunque sea tarde y a costa de perjudicar aún más a los hosteleros y empresarios que acometieron obras en sus locales y negocios para adaptarse a la ley y crear zonas de fumadores, esta prohibición total es inevitable y lógica. Si bien es cierto que la ley de 2006 ha logrado el importante avance de que ya no se fume en los centros de trabajo, lo que hace cuatro años parecía utópico, los establecimientos hosteleros que han optado por prohibir el tabaco son minoría. No podía ser de otra forma cuando la norma permite que los locales de menos de cien metros -el ochenta por cien del total- sigan sin restricciones. Así que se da la paradoja de que cualquier ciudadano puede trabajar sin humos pero no comer sin ellos. Las cifras también avalan el endurecimiento de la ley. Se ha registrado un estancamiento en la caída de los fumadores que se produjo en los dos primeros años de la ley, y España sigue estando muy por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en la materia, con una tasa del 26 por ciento de su población todavía fumadora habitual. En Andalucía el problema es incluso más grave, al situarse dos puntos por encima de la media nacional.

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