HAY varias cosas que chocan, de entrada, en la decisión del alcalde de La Línea de cobrar un peaje a todos los automovilistas que quieran entrar en Gibraltar. La primera es la constatación dolorosa de cómo algunas autoridades utilizan el bolsillo del ciudadano para dar fuerza a sus reivindicaciones más o menos justas: para protestar por algo se pone un nuevo impuesto al ya sufrido contribuyente. La segunda es que su pretensión es pedir ese dinero a los que salen de su pueblo, no a los que entran, lo que aumenta la extrañeza. La tercera es la dudosa legalidad de tal medida, ya advertida por las autoridades realmente competentes en fronteras, es decir, las gubernativas. Y podemos seguir: ¿algo de populismo, de demagogia, de campaña electoral...?