LOS Presupuestos Generales del Estado (PGE) son bastante rígidos por su propia naturaleza, ya que la mayor parte del gasto viene determinado por compromisos contractuales, legislativos o políticos. Sin embargo, en su margen de actuación, deben tener como objetivo coadyuvar a resolver los problemas de la sociedad a los que se dirigen. No es necesario explicar que el mayor problema del presente y el próximo año en España es la crisis económica en la que cada día nos vamos sumergiendo. Pues bien, a pesar de lo enunciado por el ministro de Economía y Hacienda, los PGE de 2009 no parecen los más adecuados para el difícil año económico que se avecina.

En primer lugar, porque el escenario macroeconómico no es muy creíble: la previsión de crecimiento del PIB para este año (1,6%) parece inalcanzable a juzgar por la evolución de los dos primeros trimestres y por la generalizada caída de los indicadores económicos desde el mes de junio. Y tanto menos probable es el crecimiento del 1% para el año próximo, cuando buena parte de los analistas económicos apuntan a la posibilidad de recesión. Tampoco parece factible la previsión de una disminución del empleo de sólo un 0,5% con los importantes ajustes que se están realizando, y que se acentuarán en la mayor parte de los sectores económicos y, muy especialmente, en la construcción y otras actividades vinculadas. Tampoco la previsión de un crecimiento de las exportaciones muy superior al de las importaciones es esperable a tenor de la crisis en la que también se están adentrando los países a los que se dirigen la mayor parte de nuestras exportaciones y nuestras restricciones competitivas.

En consecuencia, la previsión de ingresos impositivos parece demasiado optimista pues, cuando a mitad del año han disminuido un 11,8% respecto al año anterior, la previsión de que en 2009 aumenten un 0,8% sobre la liquidación de este año es poco convincente. Los efectos de la crisis se prevén en la reducción del Impuesto de Sociedades, pero no así en los Impuestos Especiales ni en el IRPF, que se espera que aumente a pesar de la reducción del empleo, ni en el IVA, cuya recaudación se espera que supere a la de 2008, a pesar de la sensibilidad de este impuesto a la crisis, como lo pone de manifiesto su descenso en el primer semestre en un 16%. En este escenario el déficit público probablemente será mayor al previsto (1,9% del PIB), por lo que el endeudamiento público (actualmente en una tasa razonable del 36,8% del PIB) tendrá que elevarse significativamente.

Desde la perspectiva del gasto, si bien su crecimiento se modera respecto a años anteriores, los esfuerzos de austeridad en el gasto corriente no son suficientes para un periodo de ajuste. La pedagógica congelación de retribuciones de parlamentarios y altos cargos del Gobierno debería extenderse al conjunto de las Administraciones Públicas; sin embargo, la retribución de los funcionarios de todas las administraciones aumentará un 3,8%, igual que este año.

Las prioridades de gasto del Gobierno (inversiones para la recuperación y protección social a los más débiles) son irreprochables, pero si se analizan con más detenimiento sus contenidos plantean algunas dudas. En cuanto a la inversión, el aumento del gasto de infraestructura en un 4,5% en términos nominales (la inflación se estima en el 2,5%) y del gasto en I+D+i en un 6,7% no es suficiente para estimular la actividad ni para generar bases más competitivas para nuestra economía a medio plazo; por otra parte, el aumento del gasto en política de vivienda en un 16,6% no es lo más adecuado en un país en el que existe una sobreoferta de viviendas notable. En cuanto al aumento del gasto social, si bien es comprensible su aumento por razones políticas (promesas electorales cuando el Gobierno al parecer no sabía que se avecinaba una grave crisis), no lo es tanto desde la perspectiva de la racionalidad económica. En un tiempo de crisis económica, que está poniendo de manifiesto que el país vivía por encima de sus posibilidades, y cuando los shocks externos de precios (especialmente del petróleo) hacen al país más pobre en su conjunto, también los gastos sociales deben estabilizarse, por lo que no es razonable un aumento generalizado de las pensiones y otras prestaciones sociales, aunque se comparta el apoyo a las personas con mayores dificultades, lo que justifica el aumento de la dotación para la protección al desempleo o a las pensiones mínimas.

Presupuestos fallidos, por tanto, en el marco de una grave crisis económica y de debilidad competitiva de la economía española, que exigirían un gran acuerdo nacional para adoptar políticas poco populares. Políticas que en el corto plazo deberían facilitar el ajuste más rápido posible a las nuevas condiciones de competencia, a la vez que deberían facilitar la inversión pública y productiva, e iniciar reformas estructurales para situarnos en una posición más solvente a la salida de la crisis.