EL Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado un respiro al Ayuntamiento de Jerez y, sobre todo, a los jerezanos, al elevar al 50% los servicios mínimos de la huelga de recogida de basura que padece la ciudad desde el viernes pasado. El TSJA ha actuado esta vez con la debida diligencia: el Ayuntamiento presentó el lunes su recurso contra el decreto de servicios mínimos dictado por la Junta de Andalucía, el tribunal lo admitió a trámite el martes y lo resolvió ayer, miércoles, en el sentido indicado.

El Alto Tribunal ha considerado que los servicios mínimos impuestos por la Junta eran completamente insuficientes, y no hacía falta más que darse una vuelta por las calles y plazas de Jerez, convertidas en auténticos vertederos, para comprenderlo. Dice el Alto Tribunal que dedicar tres camiones a la recogida de basuras en una ciudad que supera los 200.000 habitantes no garantiza la proporción adecuada entre el derecho de los trabajadores a la huelga y el derecho de los ciudadanos a la salud y la higiene, que a mí personalmente me parece prevalente sobre el anterior.

Más vale no pensar siquiera en que el Gobierno andaluz haya actuado por razones partidistas al fijar en un 10% los servicios mínimos de guardia durante la huelga para recoger la basura domiciliaria y del 20% en días alternos en el caso de la limpieza viaria. Este mal pensamiento lo asalta a uno porque ambos porcentajes son ridículos en sí mismos -tratándose de una tarea esencial para la sociedad- y porque no hace ni dos meses que para una huelga semejante en Los Palacios los porcentajes fueron del 50% y el 25%, respectivamente. ¿Será porque el Ayuntamiento de Jerez está gobernado por el PP y el de los Palacios por Izquierda Unida, copartícipe con el PSOE del Gobierno autonómico que decide estos servicios durante la huelga?

El caso es que las autoridades laborales autonómicas se han lucido. Han mirado mucho por los intereses de los trabajadores de la limpieza que no aceptan, legítimamente, que la bajada en un 20% del presupuesto municipal destinado a este servicio no pueda afrontarse más que con la decisión unilateral de la empresa concesionaria, Urbaser, de despedir al 30% de la actual plantilla. Y han mirado poco, poquísimo, por el interés general de los ciudadanos de Jerez, que están teniendo que sufrir, todos, las consecuencias de un conflicto que atañe sólo a una empresa y sus empleados y, más indirectamente, al consistorio local.

Ya que ningún gobierno democrático se ha atrevido jamás a regular el derecho de huelga en los servicios públicos, habría que lograr, al menos, un pacto razonable sobre los servicios mínimos y aplicarlo siempre y en todas partes, gobierne quien gobierne.