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Tribuna

Ana M. Carmona Contreras, Profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

Sortu: ¿más de lo mismo?

SORTU, la nueva marca política de Batasuna, se ha presentado en sociedad haciendo alarde de su compromiso con las vías exclusivamente políticas y democráticas en la lucha por la independencia de Euskal Herría. Desde los círculos abertzales, se pone especial énfasis en lo que se considera el corte definitivo del cordón umbilical que ha mantenido unidos los dos rostros de la que no era sino una misma criatura: ETA-Batasuna. Para corroborar la revocación de dicho nexo existencial, sus estatutos fundacionales proceden a formular un explícito "rechazo" -que no condena- de la violencia practicada por la banda terrorista ETA. Asimismo, se deja constancia expresa de que  "el nuevo partido se opondrá a cualquier subordinación, condicionamiento o tutela externas que pretendan convertirlo en una organización vicarial de quienes practiquen la violencia" (artículo 3).

A mayor abundamiento, se rechazan de forma pormenorizada el grueso de las conductas que aparecen contempladas en el artículo 9 de la ley de partidos como supuestos que pueden dar lugar a la disolución-ilegalización de las formaciones políticas que las lleven a cabo o amparen. De esta forma, el hasta ahora brazo político de ETA, estaría declarando unilateralmente su independencia de la banda armada, suprimiendo el que se había configurado como elemento predominante de su código genético: el fin (la independencia) justifica los medios (la violencia).

Con el nacimiento de Sortu parecería, pues,  que estamos asistiendo al inicio de una nueva era política en el País Vasco, en la que el independentismo más radical renuncia a la "lucha armada". Y nada mejor que comenzar esta renovada etapa adquiriendo carta de naturaleza legal como partido y, de paso, asegurarse un lugar en la lista de los competidores que participarán en los comicios locales del próximo mes de mayo.

Las reacciones ante esta cuidada puesta en escena no se han hecho esperar, coincidiendo en subrayar el evidente utilitarismo electoral que destila la operación promovida desde el entorno de Batasuna. La idea predominante en círculos sociales y políticos es que, más allá de la literalidad de las proclamas abertzales, estamos ante un ejercicio de pura cosmética guiada por un único objetivo: el regreso a las instituciones de una Batasuna asfixiada por el ostracismo al que se ha visto condenada como consecuencia de la cascada de ilegalizaciones de las formaciones políticas que, bajo denominaciones diversas (Partido Comunista de las Tierras Vascas, Acción Nacionalistas, etc.), no eran sino su prolongación. Con tales precedentes, el Ministerio del Interior ha enviado a la Fiscalía los estatutos del nuevo partido, a fin de que ésta proceda a detectar la existencia o no de indicios de vulneración de la Ley de Partidos. Por su parte, la Policía Nacional y la Guardia Civil investigan la existencia de conexiones de dicha formación con el entorno de ETA.

Enmarcada la cuestión en su contexto de referencia, la primera concusión que emerge es que, sin lugar a dudas, marcando una sustancial diferencia con los anteriores supuestos, en el caso de Sortu se aprecia un extraordinario esfuerzo de corrección formal. Como ya hemos indicado, sus estatutos han excluido expresamente tanto la violencia como mecanismo de acción política como aquellas conductas y actividades que, según la legalidad vigente, denotan una conexión con los círculos terroristas. Desde ese punto de vista, pues, podría considerarse que la batalla inicial de la legalización del partido estaría ganada. Ahora bien, sin negar el mérito de tales afirmaciones, hay que tener muy presente que éstas son condición necesaria pero no suficiente. Porque superada esa prueba teórica inicial, el momento de la verdad estaría todavía por llegar: nos referimos, obviamente, a la confección de las listas electorales de cara a los comicios municipales. Llegado el momento, será en ese trance y no en el del formal acto de contricción que reflejan sus estatutos en donde la nueva formación política estará obligada a demostrar con hechos y no sólo con palabras que se ha desvinculado efectivamente de ETA: tanto de sus medios violentos como de los sujetos que los han justificado. Será entonces cuando Sortu se enfrentará a la prueba definitiva que permitirá disipar la sombra de la duda que planea sobre la veracidad de sus intenciones formalmente declaradas. Y esa prueba, insistimos, pasa necesariamente por incorporar a sus candidaturas a personas que hayan abjurado expresamente de la violencia terrorista o que no presenten conexión alguna con dicho ámbito.

Es en tal contexto en el que este partido se juega su ser o no ser. Del dicho al hecho hay un largo trecho y serán sus actuaciones las que permitirán determinar si esta vez los abertzales van en serio o si, por el contrario, estamos ante más de lo mismo, ante un nuevo engaño que sólo pretende sacar rédito electoral.

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