EXISTE un refrán muy popular en Holanda que dice "Dios creó el mundo, y los holandeses, Holanda". Es fácil entender qué sentido se le da a esta frase en un país que tiene casi la mitad de su territorio bajo el nivel del mar, defendido de las aguas por diques, pero siempre que lo he oído he pensado que es plenamente aplicable a España. También el territorio español es en buena parte resultado de una ingente obra hidráulica, aunque en nuestro caso la tarea ha sido regular las aguas (embalses) y distribuirlas (canales).

Los diferentes regímenes políticos que se sucedieron a lo largo del siglo XX desarrollaron una ingente infraestructura hidráulica. Ni el sistema urbano, ni el sistema productivo, ni los paisajes de España son comprensibles sin tener en cuenta la profunda transformación del sistema hidrológico, que ha tenido unos costes económicos, sociales y ecológicos muy importantes; en el caso de estos últimos, auténticamente demoledores. Por eso el agua y la política de aguas en España, como en Holanda, son temas permanentes, con un perfil político desconocido en otros lugares.

Tanto Felipe González en 1994 como Aznar en 2001 intentaron culminar la gran política hidráulica con el trasvase del Ebro, que llegaría a Almería. Pero la traca final de esa vieja política hidráulica llegaba ya tarde, en un momento en el que las prioridades de la gestión del agua en la Unión Europea eran otras: la conservación o restauración de la calidad del agua; la gestión integrada en cuencas hidrográficas; la administración económicamente racional de los recursos, expresada en el principio de la recuperación de costes; o la información y la participación pública activa del conjunto de la sociedad en estos temas. Esta nueva racionalidad se formaliza en la Directiva Marco del Agua (DMA) europea, que se aprobó en el 2000 y en cuyo proceso de aplicación estamos completamente sumidos.

En estos últimos diez años han seguido pesando las inercias de los viejos planteamientos y problemas, pero también avances esperanzadores. Entre los primeros destacan las resistencias presentadas a la aplicación de la DMA, lo que explica los retrasos en el desarrollo de los nuevos planes de cuenca que la norma mandaba hacer para finales de 2009 y que siguen sin aprobarse. Y está claro que se mantiene uno de los problemas fundamentales de la gestión del agua en España y Andalucía: la falta de control sobre los usos abusivos del agua, lo que se ha dado en llamar el "desgobierno hidráulico", concretado en la continuación del crecimiento del regadío ilegal. De ahí también una de las más graves lacras de la política del agua en España: la capacidad de los grupos de presión tradicionales (agrarios, hidroeléctricos) para oponerse a la revisión del régimen económico-financiero del agua actual, que institucionaliza una importante subvención de costes, contra lo propugnado por la Directiva.

A estos viejos problemas se añaden otros, como la resistencia a la democratización de las estructuras de representación, con una presencia mínima de los agentes sociales; o como la continuación de los tradicionales problemas de coordinación de la gestión del agua con las políticas sectoriales (agricultura, urbanismo), a lo que se añaden ahora las tensiones entre la unidad de la cuenca hidrográfica y algunos aspectos de la evolución reciente de las competencias autonómicas en esta materia (traspaso del Guadalquivir), que preocupan desde la perspectiva de la gestión integrada y ecosistémica del agua.

Pero también hay que destacar importantes avances en el sector, como las indudables mejoras en la gestión de las sequías; o las destacadas mejoras en la reducción de consumos gracias a los procesos de modernización de regadíos y a las mejoras de gestión de los sistemas de abastecimiento urbanos de agua.

Éste es el telón de fondo sobre el que el VII Congreso ibérico de gestión y planificación del agua, que se celebra en Talavera de la Reina entre hoy y el sábado próximo, organizado por la Fundación Nueva Cultura del Agua continuará impulsando el debate sobre el todavía necesario y cada vez más urgente cambio en las políticas del agua en España y Andalucía.