PORQUE, en efecto, no se puede denominar 'reforma' laboral a una Ley que reduce sustancialmente derechos conquistados por los trabajadores y que precarizan sus condiciones de contratación: facilita su despido individual y colectivo, reduce sus indemnizaciones a percibir por las mismas causas, limita la capacidad de negociación de los sindicatos, anula la eficacia de los convenios colectivos, entre otros derechos. Se trata más bien de una contrarreforma aprobada por el grupo socialista del Congreso y la advertencia y anuncio de los partidos de derechas - y la patronal- de su insuficiencia por corta.

¿Cómo es posible que en nuestro país, con cuatro millones y medio de parados, sin visos de una solución a corto plazo de la crisis -originada, no lo olvidemos, por las políticas neoliberales, del gran capital, aplicadas por los gobiernos- pueda aprobarse por un partido, teóricamente de izquierdas, semejante dislate que atenta directamente a los que sufren con mayor intensidad los efectos de la crisis? La razón hay que buscarla en la presión de los organismos internacionales, incluida la UE, que abogan por la actuación de 'los mercados' - no lo olvidemos: el gran capital, los grandes empresarios, las grandes fortunas - para los que son necesarias 'reformas estructurales' del mercado laboral - más claramente la 'desregulación' laboral - lo que permitiría mayor margen de maniobra de las empresas y aumentar sus beneficios, y si es posible, a más largo plazo contratar trabajadores en condiciones más precarias: se justificarían de esta forma los sacrificios que hoy nos piden a millones de personas para salir de la crisis. ¿Pero esta argumentación es verdadera?: Dejando al margen el cinismo que encierra, por el atropello que supone, resulta que no lo es: Los datos sobre la aplicación de las políticas neoliberales en la UE-15 y en España son claros - 'Motivos para la Huelga General'. Viçens Navarro- : En el período anterior a la crisis económica: la participación de las rentas del trabajo en relación a la renta nacional han pasado - en promedio- del 69 % al 56 %. Diferencias mayores se dan en la Zona Euro, y mayores aún en España. Las rentas del trabajo han ido disminuyendo ostensiblemente y aumentando en la misma proporción las rentas del capital.

La disminución de la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora y buena parte de la clase media - mayor grado de endeudamiento familiar - contrasta con el enorme incremento de los beneficios empresariales en el período 1999-2008: el coste laboral para este período se incrementó en un 17 % y los beneficios empresariales crecieron el 38 % en la UE-15 y un 42,3 % en la Zona Euro. En el caso de España se dan diferencias aún mayores: las grandes empresas aumentaron sus beneficios en un 73 % - casi dos veces la media de la UE-15- y los costes laborales lo hicieron en sólo un 3,7 % - algo menos de cinco veces los de la UE-15 - Dentro de las grandes empresas referidas las financieras han obtenido altas tasas de beneficios basadas en el endeudamiento de las familias españolas y activos altamente especulativos, incluidas las inversiones inmobiliarias causantes de un falso crecimiento económico y de la actual crisis.

Por contraste a los beneficios acumulados por las empresas, la creación de empleo en la EU-15 no se ha producido: las tasas de paro en el periodo 2000-2006 han oscilado entre el 7 y el 9 % de la población activa; actualmente, tras la crisis la tasa se eleva al 10 %. En España el comportamiento del paro en ese período ha sido diferente: partiendo de tasas mucho más elevadas pasó del 13 al 9 % - en plena burbuja inmobiliaria- para aumentar de forma continuada hasta alcanzar el 20 % actual. No hay, pues, relación justificativa entre incremento de los beneficios empresariales y la creación de empleo. El capitalismo tiene su propia lógica en su política de inversiones: la obtención de más capital -el excedente que diría Marx- y no prioritariamente la de cubrir las necesidades de la población, entre ellas las del empleo.

Y aquí llegamos al meollo de la cuestión en relación a la crisis económica y su salida: hay dos opciones: una, que la crisis originada por el capital financiero especulativo la pague la mayoría de la población - la que dependemos de un trabajo o una pensión o carecemos de empleo- a través de políticas como las descritas: la contrarreforma laboral, la revisión a la baja de las pensiones anunciada, la reducción del gasto público: asistencial, educativo, sanitario, ambiental, etc., la privatización de los servicios públicos, la renuncia a los impuestos progresivos de las personas físicas y del capital, etc. para que de esta forma el capitalismo neoliberal -el mejor gestor del bienestar, según predica- reorganice su estructura y siga acumulando excedentes que reinvertirá, o no, según sus expectativas de ganancia - opción que es la que están siguiendo los países de la EU gobernados por los partidos de la derecha y por los que se auto titulan socialistas, reconvertidos al liberalsocialismo, como el caso español-. La segunda opción es la exigencia a los gobiernos por la inmensa mayoría de los trabajadores - activos o en desempleo- , jóvenes y mujeres, que les afecta con especial virulencia, y ciudadanos en general que van a ver disminuidas sus prestaciones sociales, la participación en el reparto del 'excedente' o más castizamente de 'la tarta' - que es producción social - a través de políticas que permitan una mejor equidistribución de la riqueza generada: la participación del Estado en sectores estratégicos de nuestra economía, el impulso de la economía real -pequeñas y medianas empresas- y de las nuevas tecnologías, la prestación de servicios públicos de calidad y de mejora del medio ambiente que, además de la necesaria creación de empleo, consigan mayores cotas de bienestar para los ciudadanos, una banca pública al servicio de la economía del país, el mejor control del fraude fiscal y de la economía sumergida para reducir el déficit público. Son propuestas de IU compartidas en buena parte por los sindicatos mayoritarios y otras organizaciones sociales progresistas. Para ello es necesaria la mayor movilización ciudadana en España y en la Unión Europea, especialmente en el día de la huelga general del día 29 de septiembre, convocada por los sindicatos en todo su ámbito, para que los gobiernos sean receptivos a las necesidades de la mayoría social.