EL mejor contrato para un inmigrante es el contrato de trabajo. Le blinda contra la explotación y la marginalidad y le pone en el camino de la ciudadanía plena, es decir, de la incorporación como sujeto de derechos y deberes en una sociedad libre, en pie de igualdad con los autóctonos. Sin trabajo legal siempre será un paria.

El Gobierno valenciano tiene el propósito de hacer suscribir a los inmigrantes instalados en dicha comunidad un llamado contrato de integración, al modo de Sarkozy en Francia, mediante el cual se comprometerán a respetar "las leyes, los principios y las costumbres españolas y valencianas". A este proyecto le sobran algunas cosas, y otras resultan innecesarias.

Veamos. Que los inmigrantes tienen la obligación de cumplir las leyes va de suyo. Exactamente igual que los nacionales. Nadie, venido de fuera o nacido dentro, está eximido de atenerse a la ley vigente, ni en la Comunidad Valenciana ni en ninguna otra. Si un inmigrante pega a su mujer, lleva a su hija a que le mutilen el clítoris o predica que quien abjura de su religión merece la muerte, el Estado tiene que perseguirlo con todos sus instrumentos policiales y judiciales, sin que pueda escudarse en que estas singularidades forman parte de su cultura o de su fe. Habrán sido educados así, pero si quieren vivir entre nosotros no pueden realizar estas prácticas que vulneran las leyes, los valores y los principios que cimentan nuestra convivencia: la igualdad entre las personas, la libertad religiosa, la protección del menor, etcétera.

De manera que no hace falta que una norma del Parlamento valenciano lo diga. Es redundante. En cuanto a la otra parte del pretendido contrato de integración, el respeto a las costumbres "españolas y valencianas", ¿qué es lo que se quiere decir? ¿Tendrán los inmigrantes que aficionarse a la paella? ¿Será obligatorio que duerman la siesta? ¿Acaso deberán tirar cohetes en marzo? ¿Qué pasará si no les gusta la horchata? La integración no puede consistir en la uniformidad de hábitos y pautas culturales, sino en la ósmosis enriquecedora entre las dos comunidades, sin más límites que el respeto a las normas elementales de convivencia. En realidad esta ley nacería de una premisa falsa (que existe una sola forma de ser valenciano o español) y desconocedora de los cambios que ha experimentado la sociedad (que es y será cada vez más mestiza y diversa). Por eso está condenada al fracaso.

Yo creo que sus promotores lo saben: ayer explicaban que los extranjeros que no acepten firmar el compromiso de integración no verán recortados sus derechos a la salud, la educación, etcétera. O sea, que la futura ley no tendrá consecuencias. Entonces, ¿para qué la hacen?

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