El culebrón de Cristina Cifuentes no para de darnos sorpresas, en su permanente huida hacia delante. El capítulo de esta semana es un desafío a Ciudadanos, a ver si se atreve a votar con la izquierda la moción de censura en la Asamblea de Madrid. Entregaría así el PP una pieza importante, un alfil de su formación, a cambio de preservar a su rey. Ya colocarán a Cifuentes en las listas al Parlamento Europeo el año que viene o en otro retiro dorado. Pero esto no es una partida de ajedrez, ni una cuestión penal, ni siquiera una trifulca política, sino una cuestión moral, ética. Es una cuestión de conciencia no de los sentimientos a los que apeló Cospedal en la Convención de Sevilla.

Pretende el estado mayor del PP que lo que ha perpetrado su jefa madrileña lo han hecho otros antes: inventarse carreras o cursos de prestigio. Y que CC además tiene los papeles de su máster con sus sellos correspondientes. Y precisamente ahí está el problema. Matriculada fuera de plazo, sin ir a clase, sin exámenes, sin trabajos, falsificando firmas de comparecencias ficticias ante tribunales imaginarios, esos sellos que certifican una mentira son la carga de la prueba. Y encima tiene el descaro de echarle toda la culpa a la universidad que le regaló el diploma. Sin duda que la URJC tiene responsabilidad, pero esta no es una irregularidad administrativa.

La todavía presidenta de Madrid dice que devuelve el título, pero sigue sin enmendar lo fundamental: reconocer que abusó en su provecho de una institución pública de cuya tutela y financiación era garante. Su elección democrática no le da ningún privilegio, sino al contrario la obliga a dar ejemplo. Es una cuestión moral. Con la renuncia al título pretende soltar lastre, para que el globo siga su vuelo, aunque sea con viento huracanado. El PP se ha concentrado en la maniobra de desautorizar a sus rivales y ponerlos en un aprieto. Una táctica en el que la buena gobernanza les resulta una minucia.

(Esto no es privativo del PP ni de Cifuentes. El caso de los ERE es otro ejemplo en el que lo público fue tratado como un asunto particular. No importa que la mayor parte del dinero se gastara en el fin al que iba destinado, o que en el banquillo de los acusados ni estén todos los que son, ni sean todos los que están. Pero se ha usado mucho dinero de todos para satisfacer intereses de amigos, familiares o correligionarios).

En los próximos años, afrontaremos el descrédito que este affaire supone para la universidad pública. Es una lástima que no existan mayores controles. Y no valen golpes de pecho por pecados ajenos. Es sorprendente que en los consejos sociales de Andalucía los puestos de secretarios (remunerados) hayan sido ocupados tradicionalmente por personas con carné del PSOE, muchos de los cuales habían sido concejales e incluso alcaldes que se quedaron sin cargo. Los órganos de control no son oficinas de empleo. Eso también es una cuestión moral.

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