CON el módico diez por ciento (apenas el diezmo) que el Gobierno exige a cambio de aplicar a los defraudadores el perdón fiscal no va a tener Montoro siquiera para comprar las toneladas de cal necesarias para blanquear las carretadas y carretadas de dinero negro que duermen el sueño de los justos en los infiernos financieros. La amnistía acordada por Rajoy deja a las claras, por si alguien dudaba, quiénes son los beneficiarios y quiénes las víctimas de su política económica; quiénes merecen cortesía y quiénes desdén. Los defraudadores van a ser compensados con un 90% de sus obligaciones fiscales mientras que el resto de contribuyentes, es decir, los honrados y solapadamente ejemplares ciudadanos comunes, serán clorificados con una merma histórica del presupuesto que afectará a servicios básicos y a inversiones, amén de un incremento impositivo y una estupenda reforma laboral. Como dijo Cospedal en 2010, a propósito de una falsa noticia de amnistía fiscal del PSOE, que ayer citaba mi compañero José Aguilar, "no es de recibo que a los que pagan impuestos se le suban y a los que defraudan se les perdonen". Mucho me temo, además, que el perdón sea inútil para que brote la totalidad del dinero negro que reposa en las cavernas. El gran negocio será, por ejemplo, legalizar un 25% del capital y que el 75% siga durmiendo. ¡Quién fuera defraudador en España!