EN uno de esos golpes de efecto tan queridos para el líder de Podemos, Pablo Iglesias, presentó ayer en el Congreso de los Diputados un documento de un centenar de páginas en el que se desglosa el programa de un hipotético Gobierno PSOE-Podemos (más algún que otro socio secundario) y se marca como prioridad de éste la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña en la primera parte de la legislatura. Iglesias es plenamente consciente de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tiene marcada como única línea roja en sus negociaciones cualquier concesión que cuestione la soberanía tal como la concibe nuestra Constitución, por lo que su propuesta se puede ver como una nueva fase de la trampa que poco a poco le va tendiendo a la formación socialista. Si Sánchez la acepta, la sublevación interna en el PSOE está más que garantizada; si la rechaza, el antiguo granero de votos de Cataluña, región en la que los socialistas flirtearon durante demasiado tiempo con el soberanismo, puede seguir experimentando fugas por su extremo más catalanista.

Pedro Sánchez debe negarse rotundamente a este referéndum por varias razones: es inconstitucional, no es querido por la mayoría de los españoles y va en contra de los intereses del PSOE como partido. Además, la propuesta de Podemos es claramente confusa e indefinida al señalar que la fórmula de la consulta podría ser extensible a "aquellas naciones que lo hayan planteado con especial intensidad". ¿Cuáles son esas naciones? ¿Cómo se mide esa intensidad? ¿Puede Murcia, por ejemplo, exigir su autodeterminación? La propuesta de Podemos puede llevarnos a situaciones hilarantes que recuerden la fase cantonal por la que naufragó la I República.

Tiempo habrá de ir desgranando la voluminosa propuesta de Podemos, pero hay otros dos elementos que llaman poderosamente la atención. El primero es la subida de los impuestos en 28.000 millones para "gasto social". Una vez más nos encontramos ante la vieja (y fallida) fórmula de intentar arreglar los problemas exclusivamente a golpe de aumentar impuestos, lo que suele provocar la huida de los inversores internacionales, el aumento del delito fiscal y el fomento de prácticas derrochadoras en el Estado. El segundo es la exigencia expresa de Iglesias de controlar el CNI, el CIS y el BOE, es decir, tres elementos de inteligencia e información que pasarían a estar en manos de un partido antisistema, algo que por lo menos se nos antoja inquietante.