UnÁNIME y más que merecida, es la que sufrió el ministro Wert, tan solo hace unos días por todos los grupos políticos de la oposición. Y lo de merecida viene porque a fecha de hoy nadie se puede explicar cómo en tan poco tiempo, el máximo responsable de la política educativa de este país ha podido cosechar la enemistad y el rechazo de todos los sectores de la comunidad Educativa. Tiene en contra a los padres de alumnos, que le convocaron un huelga en las semanas pasadas; está enfrentado con los sindicatos docentes, los cuales no comparten ni sus formas ni sus propuestas de mejora; le han dado la espalda los docentes, pues en modo alguno atiende sus peticiones; se ha indispuesto con los alumnos, a los cuales pretende imponer unas pruebas externas o reválidas; y, para acabar, los Rectores de las Universidades públicas le dieron en su día plantón. ¿Qué más se puede pedir? Pero descritos de esta guisa los rechazos cosechados por el señor Wert parecería que en nada tiene razón, y ello tampoco es cierto. Quienes nos hemos leído el texto del Proyecto de Ley de la LOMCE sabemos que no todo su articulado es nefasto. Pero lo que de verdad le ha fallado al ministro Wert es saber calcular y administrar los tiempos oportunos para sacar adelante sus reformas. En política, la medición de los tiempos es un factor esencial, algo que Wert, como experto sociólogo, debería de saber muy bien. Y me explicaré. La mayor parte de los intentos renovadores plateados por el titular de Educación nos remiten a épocas pasadas. Hace ya unos cuantos lustros el Ministerio debería haber examinado si el traspaso de sus competencias a las comunidades estaba dando los resultados deseados. Ahora no es el momento de plantear una devolución de competencias en la materia, justo cuando gran parte de ésta clama por más de lo mismo. Nunca el Estado debió plantear la cesión de competencias como cheque en blanco. Ahora, justo cuando cualquier injerencia escuece a independentistas, no es el mejor momento para imponer reválidas. Ya hace muchos años que el MEC debía haber atajado el fraude en el cobro de las becas y ayudas, debía de haber perseguido con lupa a quienes al carecer de nómina no acreditan contar con un patrimonio, y sin embargo sí tienen derecho a beca.