ES práctica habitual de los miembros de ETA que caen en manos de la Policía o la Guardia Civil denunciar supuestas torturas en los calabozos. Forma parte de la puesta en escena a la que la banda terrorista acostumbra en todas sus actividades, pretende encontrar una justificación a la facilidad con que los detenidos cuentan su trayectoria criminal y les otorga un instrumento de defensa para cuando, inevitablemente, comparezcan ante la Justicia. Las heridas sufridas por el presunto etarra Igor Portu tras ser detenido portando pistola y planos de dos zulos, en los que se almacenaban explosivos, han obligado a ingresarlo en la UCI de un hospital y han generado de inmediato una denuncia de torturas. No hay razón para dudar, sin embargo, de la versión oficial facilitada por los agentes que le detuvieron y explicada por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el sentido de que Portu y su acompañante y compinche trataron de huir al ser descubiertos y tuvieron que ser reducidos con la fuerza reglamentaria que el Estado facilita a sus servidores. Debemos atribuir a esta posición toda la presunción de veracidad que merece el Estado democrático en su lucha contra la barbarie terrorista. No obstante, algunas lagunas de la versión oficial, como el retraso con que el herido recibió atención médica y la falta de información inicial acerca de la violencia de las detenciones, obliga a ese mismo Estado a no dar por zanjado el asunto y a investigar con todos los medios a su alcance lo sucedido en torno al incidente. Esta investigación, que ya realiza un juzgado y a la que Interior debe ayudar sin ambages, habrá de despejar cualquier sombra de duda que quepa al respecto. España padeció en el pasado numerosos episodios de guerra sucia contra el terrorismo, cuyos responsables fueron sancionados en las instancias administrativas y judiciales pertinentes. Así debe ser también en esta ocasión. El combate contra el terror tiene que mantenerse dentro los límites legales. Eso fortalece a la democracia y da la medida exacta de su superioridad ética y política sobre el terrorismo. Todo ello, insistimos, sin dar verosimilitud a la denuncia interesada de ETA.