DE la avalancha de datos que acompañaban las dramáticas cifras de paro hechas públicas esta semana, quédense con uno que publicaba este periódico el pasado viernes. Sirve tanto para explicar lo que está pasando como lo que de forma inevitable va a pasar: durante el año que ha terminado, las empresas redujeron sus beneficios en un 30%, mientras que sus costes salariales apenas se vieron recortados. Lo que traducido significa que si las empresas hubieran dispuesto de liquidez para financiar sus planes de ajustes el desempleo se habría incrementado muchísimo más. O dicho de otra forma: si los bancos no hubieran cortado drásticamente en 2008 el crédito a las empresas, el millón de parados más que arrojan los datos del INEM se habría superado muy ampliamente.

Pero ese ajuste está sólo aplazado. Llegará cuando las medidas puestas en marcha por el Gobierno para dar liquidez al sistema den resultados y los bancos vuelvan a dar créditos. O lo que será peor, llegará por el cierre masivo de empresas. En cualquier caso, ni los más optimistas prevén otra cosa en 2009 que un aumento sustancial de las listas de demandantes de empleo y una caída fuerte de los que cotizan a la Seguridad Social. Bueno, todos no. El presidente del Gobierno contradice a los altos cargos del Ministerio de Trabajo y sostiene que a partir de marzo se verá un repunte del empleo por la inversión pública desviada a los ayuntamientos. Optimismo sin fisuras el de este hombre.

La pregunta que surge con este panorama es hasta qué nivel de paro puede soportar una sociedad desarrollada sin que se quiebre peligrosamente el modelo de vida que tenemos. Muchos analistas han hablado en los últimos días de emergencia nacional. A estas alturas, creo que no exageran. El horizonte de los cuatro millones de desempleados está peligrosamente cerca y en Andalucía, a no mucho tardar, nos podemos encontrar con casi la cuarta parte de nuestra población activa en las colas del Servicio Andaluz de Empleo. ¿Quién puede garantizar con estas cifras un mínimo de paz social?