Bruselas aplaza su decisión sobre Puigdemont

Lo único positivo es que la Fiscalía belga avala la extradición por los principales delitos que se le imputan, como los de rebelión y sedición

El juez belga que dictaminará sobre la euroorden cursada por España para extraditar al ex presidente catalán Carles Puigdemont y sus cuatro ex consejeros fugados ha resuelto tomarse su tiempo para resolver este espinoso caso. El magistrado conoció ayer la posición de la Fiscalía, pero acordó aplazar al 4 de diciembre, el día antes del inicio de la campaña electoral en Cataluña, la presentación de los alegatos de las defensas de los acusados. Entiende que necesitan más margen para prepararlos. Con los trámites pendientes y los recursos que puedan presentarse, ya se puede asegurar que no habrá pronunciamiento definitivo de la justicia antes de los comicios del 21-D. Puigdemont defenderá su candidatura desde el altavoz internacional que hasta ahora le ha proporcionado la capital de la Unión Europea, tal como él pretendía cuando huyó para evadir la acción judicial horas después de que el Parlament proclamara una nonata república catalana.

Lo único positivo de la jornada de ayer fue que el Ministerio Público belga respaldó la solicitud de deportación del ex mandatario catalán, y de los miembros del séquito del depuesto gobierno que le acompaña, por los principales delitos que le imputa el Estado español, entre ellos el de rebelión y sedición. El lógico posicionamiento favorable de la Fiscalía se produce después del estupor que causó el oficio remitido por esta institución para interesarse por las condiciones en que sería juzgado el acusado y cuestionar con sus preguntas el trato humano que reciben los reclusos en el sistema penitenciario español, como si se tratase de un país tercermundista.

Los juristas belgas podrían haber preguntado directamente al propio Puigdemont por la situación de las cárceles en España. El ex president tenía bajo su responsabilidad la gestión de las prisiones en Cataluña, la única comunidad nacional a la que se le había transferido esas competencias. También resulta insólito aclarar que el único procedimiento especial que puede sufrir el prófugo es que su causa, como todo parece indicar, acabe por instruirla el Tribunal Supremo y únicamente se debería a que hay personas aforadas entre los posibles acusados.

Es inaceptable que desde el corazón de la UE algunos responsables judiciales cuestionen con sus trámites burocráticos los valores democráticos de uno de sus principales socios. Y es de esperar que tantas dilaciones nada tengan que ver con el fulgor mediático del incómodo inquilino.

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