El Congreso de los Diputados aprobará hoy el llamado Cupo vasco en medio de una cierta polémica. Aunque la propuesta saldrá adelante por una cuestión de simple aritmética -PP y PSOE la votarán afirmativamente-, apenas se puede esconder que el nuevo Cupo negociado por los gobiernos de Mariano Rajoy e Íñigo Urkullu es exageradamente favorable a los intereses de Euskadi gracias a la habilidad del PNV para aprovechar la precariedad parlamentaria de los populares y su agónica necesidad de conseguir apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Una vez más, una formación nacionalista ha aprovechado la debilidad del Gobierno de España para lograr privilegios y beneficios, algo que debería hacer reflexionar muy seriamente a los partidos de ámbito estatal. Contra el nuevo cálculo del Cupo vasco -que no es más que el dinero que Euskadi debe pagar al Estado por servicios que éste le presta, tales como la defensa o la diplomacia-, han levantado la voz tanto Ciudadanos como algunos barones del PSOE -entre ellos la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz-, que lo consideran abusivo y, además, están sorprendidos por la velocidad con la que se ha alcanzado el acuerdo en este asunto mientras la reforma del sistema general de financiación autonómica -el de todos menos País Vasco y Navarra- lleva años bloqueado, lo que a Andalucía le supone unas pérdidas anuales de unos 800 millones de euros, según los cálculos de la Junta.

Aunque hay voces que, incluso, abogan por la supresión tanto del Cupo como del concierto vasco -los dos pilares en los que se asienta la soberanía fiscal de esta región- con argumentos de impecable lógica democrática e igualitaria, lo cierto es que tal extremo es, hoy por hoy, inimaginable. El Cupo es fruto de la complicada historia de España -de las Guerras Carlistas, concretamente- y cuenta con un amplísimo apoyo en la sociedad vasca, no sólo de los nacionalistas. Suprimirlo sería generar un auténtico conflicto en esta región, justo lo que España no se puede permitir en estos momentos en los que tiene que atender a la crisis catalana. Pero eso no significa que no se pueda hacer un cálculo del Cupo más justo que lo acercase a lo que Euskadi tendría que pagar si perteneciese al sistema de financiación común de todas las autonomías. En definitiva, un cálculo muy diferente del actual, que ha convertido al País Vasco en una comunidad sobrefinanciada frente a otras como Valencia y Andalucía que apenas pueden atender los servicios esenciales de sus ciudadanos.