Como era previsible, la comparecencia como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el juicio sobre el Caso Gürtel, que investiga la supuesta existencia de una contabilidad B en el Partido Popular, no sirvió para nada -judicialmente hablando-. Desde un principio, tanto la citación de Rajoy forzada por los abogados de la acusación como el modo en el que se ha efectuado -de forma presencial en vez de por videoconferencia- respondían más a una lógica política que procesal, como ayer quedó claro. De hecho, las preguntas del abogado José Mariano Benítez de Lugo, presidente de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), personada en el procedimiento como acusación popular, parecieron más dedicadas a un procesado que a un simple testigo. En todo momento dio más la sensación de que estábamos más ante un proceso político que ante uno puramente judicial. Después de lo visto ayer queda claro que, como defendimos en su día, era totalmente prescindible el traslado del presidente Rajoy a las dependencias de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Nos hubiésemos ahorrado tiempo, dinero y, sobre todo, la poca estética imagen de un presidente del Gobierno declarando ante un tribunal, aunque sea como testigo. Si los que forzaron dicha comparecencia han alcanzado algún objetivo procesal o político lo veremos con el tiempo, pero por ahora lo ponemos en duda.

El presidente del Gobierno se atuvo al guión y dejó claro que sus altas responsabilidades políticas le impedían estar pendiente de las cuestiones económicas administrativas del Partido Popular. En un tono seguro -para algunos incluso soberbio- fue contestando sin dificultades las preguntas que intentaban acorralarlo. Sólo cuando salió a la palestra el famoso sms enviado a Bárcenas -"Luis, sé fuerte"- se vio a un Mariano Rajoy más inseguro, pero, como recordó el presidente del Tribunal, dicho mensaje se produjo mucho después de los hechos que ahora se juzgan. Rajoy, en general, fue convincente, y nadie objetivo puede decir que su paso por la Audiencia Nacional lo haya dañado políticamente.

Por lo dicho, sobra la exigencia de dimisión a Rajoy que ayer lanzó el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Si bien es cierto que todo indica que hubo una trama de financiación ilegal en el PP, también lo es que no hay ninguna prueba que vincule a Rajoy con la misma. En ese sentido, Sánchez debería ser más prudente y no dejarse llevar por especulaciones sin fundamento.