Dos décadas de Junta de Andalucía, en el banquillo

El juicio de los ERE ha desatado toda una batalla política y mediática que, muchas veces, ha tenido poco que ver con la Justicia

El juicio de la llamada pieza política del caso de los ERE comienza hoy tras siete años de intensa instrucción jurídica y de agrio debate político y periodístico. Estamos sin duda ante el proceso de mayor trascendencia de la aún corta historia de la autonomía andaluza. No en vano, entre los 22 ex altos cargos de la Administración autonómica que se sientan en el banquillo figuran dos ex presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de seis ex consejeros de sus gobiernos. Se juzga si existió o no un procedimiento específico para burlar los controles de la Intervención General de la Junta y así poder repartir de forma arbitraria cientos de millones de euros de fondos públicos en ayudas a empresas en crisis y en planes de prejubilación. En el fondo, lo que dirimirá el juez es si desde la Junta se montó conscientemente todo un sistema para crear una vasta red clientelar cuyo objetivo era perpetuar al PSOE en el Gobierno de Andalucía.

No esconderemos la gravedad de los hechos que se juzgan. Tanto por la cantidad como por la calidad de los procesados podemos decir que hoy se sienta en el banquillo la gestión de nuestra Administración autonómica durante veinte años, algo que ha sido aprovechado por algunos para volver a presentar la caricatura de una Andalucía subsidiada y corrupta. Como suele ocurrir, el juicio de los ERE ha desatado una intensa batalla política y mediática en la que, muchas veces, no se buscaba tanto la justicia como sí desacreditar al adversario. En muchos casos, los acusados, especialmente los dos ex presidentes, han sido condenados de antemano, teniendo que pasar éstos un auténtico calvario personal. En este sentido, es importante recalcar que en ningún momento se está juzgando el enriquecimiento personal de los dos ex presidentes o el desvío de dinero hacia el Partido Socialista. Sin embargo, a nadie se le escapa que existen graves responsabilidades políticas. Consciente o inconscientemente, desde la Junta se permitió un uso presuntamente fraudulento de cientos de millones de euros en ayudas públicas, con el descrédito que eso conlleva para la política en general y el PSOE-A y Andalucía en particular. Estas responsabilidades, no obstante, ya han sido pagadas de sobra y hoy en día ninguno de los acusados tienen cargos de responsabilidad en la Administración autonómica ni posibilidad real de volver a la vida pública.

Tras siete años y una instrucción polémica y tortuosa, hoy por fin comienza un juicio que se presume largo. Lo importante, al margen de cualquier otra consideración, es que se haga justicia y que la palabra ERE deje de usarse como un permanente reproche a Andalucía y su autogobierno.

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