En unos momentos en los que la vida política española se caracteriza por el continuo enfrentamiento y la crispación, hay que aplaudir el que todos los partidos hayan sido capaces de alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género que puede considerarse como histórico y que supone un paso importante en la lucha contra esta lacra, que sólo en lo que va de año ya ha supuesto la muerte de 32 mujeres y seis menores. No ha sido fácil. Los partidos han trabajado intensamente durante cinco meses en la subcomisión parlamentaria creada específicamente para esta labor y ayer todavía había políticos, como el líder de IU Alberto Garzón, que se empeñaban en usar este drama para atacar al Gobierno y al PP. Pero lo importante es que al fin se ha cerrado dicho acuerdo y que su contenido, lejos de ser retórico, contempla 200 medidas en diferentes campos (educación, sanidad, justicia, seguridad, mundo del trabajo, familia, deportes...) que seguro que contribuirán a reducir la violencia ejercida contra las mujeres.

No hay que pecar de ingenuos. Probablemente, la violencia de género no se erradicará jamás, como tampoco los crímenes convencionales, pero lo importante es que, probablemente, con este pacto bajará el número de víctimas y, sobre todo, se ayudará a las miles de mujeres que, aunque no resultan muertas a manos de sus agresores, viven diariamente en un régimen doméstico de terror. Hay constancia de que, en lo que va de año, 38.018 mujeres han sido agredidas en España.

Una de las novedades más importantes del pacto es la especial atención que dedica a los menores, adoptando una serie de medidas para evitar que éstos tengan que ver y convivir con los que han agredido brutalmente o incluso matado a sus madres. Asimismo, se hace especial hincapié en la educación en los centros de enseñanza para evitar en lo posible comportamientos futuros que puedan ser catalogados como violencia de género.

Otras medidas destacables son la subvención de cirugía restauradora para las víctimas (que, a veces, quedan brutalmente deformadas), la supresión en estos delitos del atenuante de confesión (al que se suelen acoger los asesinos de sus parejas), el pago del desempleo durante seis meses para las víctimas, lo que posibilita que puedan emanciparse de sus maltratadores, o la sanción a los clubes deportivos que permitan expresiones que puedan promover la violencia contra las mujeres. En resumen, un pacto histórico y necesario que no debe quedar en papel mojado por las luchas partidarias.