El Boletín Oficial del Estado recogió ayer la medida aprobada por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos para supervisar las cuentas de la comunidad autónoma de Cataluña, con el fin de asegurarse de que no se utilizan fondos públicos para sufragar los gastos de organización del referéndum de independencia que la Generalitat pretende celebrar el próximo 1 de octubre.

La medida, cuya entrada en vigor es "inmediata", según se recoge en el documento publicado, establece que el interventor general de la Comunidad Autónoma de Cataluña deberá remitir todos los miércoles el certificado final al Ministerio de Hacienda y Función Pública, empezando el próximo miércoles, 26 de julio.

Fuentes de Hacienda explican que el objeto de la medida no pretende en ningún caso la suspensión de las transferencias del FLA a Cataluña -cuyas condiciones seguirán siendo las mismas- sino que hace hincapié en la necesidad de que los funcionarios y trabajadores de la Generalitat de Catalunya informen de cada una de las facturas y gastos aprobados por el gobierno autonómico

La razón de este mayor control, según explica el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, es que en el último informe se reconocían obligaciones del programa presupuestario 132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales, anulado por la sentencia del Tribunal Constitucional, por valor de 19.370 euros y autorizaciones y disposiciones de gasto por importe de 25.520 euros.

Según el BOE, el mecanismo de control ya está previsto en la normativa del FLA y contempla la posibilidad de reclamar a las comunidades autónomas "la remisión adicional de determinada información". Así, la nueva medida impone la obligación de remitir, en lugar del informe mensual que se reclamaba hasta ahora, un informe semanal al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por lo menos hasta que "desaparezca la situación de riesgo para el interés general".

El mecanismo puesto en marcha implica que los interventores de las respectivas consejerías y las entidades sometidas a función interventora, así como los responsables económico financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, el director general de Presupuestos y el director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro de la Generalitat deberán elaborar un informe detallado de todos los pagos realizados, que deberán enviar al interventor general de la comunidad autónoma.

Con todos estos datos, el interventor general remitirá todos los miércoles el certificado final al Ministerio con los certificados individuales en el anexo. Desde Hacienda explican que la falsedad en las facturas o pagos acreditados en dichos informes podría suponer la exigencia administrativa de responsabilidad "contable y/o penal" a los funcionarios encargados de certificarlos, como responsables por el uso de recursos públicos para "financiar actividades relacionadas con la celebración de procedimientos relativos a consultas o referéndums ilegales", independientemente de si estos fondos proceden o no del FLA. Además, Hacienda reclamará una certificación similar para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 16 de julio de 2017, que será remitido el 9 de agosto de 2017.