La Audiencia Provincial de Cádiz ha decretado el archivo de un caso de obra nueva que fue denunciado por la Fiscalía en abril de 2008 y en el que estaban procesados un ingeniero técnico industrial y una pareja propietaria de una finca ubicada en El Puerto. Los hechos se remontan a febrero de 2005. El tribunal estima que el delito ya ha prescrito, que el perito no actuó como funcionario al emitir un certificado de antigüedad de una construcción que resultó falso, por lo que el plazo de prescripción queda reducido a tres años.

Que el perito actuó como funcionario, o que debía ser considerado penalmente como funcionario, lo planteó en su día la Fiscalía de Cádiz. De ese modo, la prescripción no llegaba hasta diez años después de los hechos. Pero la propia Fiscalía acabó por dar marcha atrás en este asunto ante la decisión adoptada por la Audiencia de no seguir ese criterio en los casos de obra nueva.

El caso es que el pasado mayo, la Sección Primera iba a juzgar al ingeniero técnico industrial Diego García, para quien la Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión por falsedad en documento oficial. Pero la defensa planteó como cuestión previa que el delito había prescrito y la Fiscalía se sumó a esa posición. No hubo juicio. Y un auto ha decretado el archivo de la causa por prescripción.

Lo que sucedió en febrero de 2005, según relata el escrito de acusación de la Fiscalía, fue que el perito industrial, puesto de acuerdo con la pareja propietaria de un terreno en el Pago de Serrano, en El Puerto, emitió un certificado de antigüedad de una construcción que, señalaba el documento, había en esa finca. El certificado aseguraba que la construcción tenía más de cuatro años pero unas ortofotografías de la finca obtenidas en 2002 y 2003 mostraban que en esas fechas no había construcción alguna en la finca.

Con el certificado, los propietarios del terreno obtuvieron una declaración de obra nueva y división horizontal que inscribieron en el Registro de la Propiedad de El Puerto. Una ficción en papel oficial. A partir de ahí, podría ser construida en el terreno una casa sobre la que habría prescrito una sanción urbanística, ya que oficialmente tendría más de cuatro años de antigüedad.

Diego García está implicado en varias casos más de obra nueva supuestamente fraudulentos detectados tanto en El Puerto como en la localidad de Chiclana.