El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de El Puerto ha archivado la denuncia que existía contra los dos ex alcaldes del Partido Popular (PP), Alfonso Candón (diputado nacional) y Enrique Moresco, en relación a una denuncia por presuntos delitos de prevaricación contra los que fueron máximos responsables políticos de la ciudad portuense.

Las diligencias que ahora se archivan se remontan a septiembre del año 2014, cuando la Fiscalía Anticorrupción emitió un amplio informe en el que demandaba que se iniciaran medidas judiciales contra ambos mandatarios y contra el ex gerente de la Empresa Municipal de Aguas, Juan Campos, por sendos contratos adjudicados por Apemsa a la empresa Aqualia en el año 2010. La Fiscalía entendió entonces que dichas adjudicaciones de contratos se realizaron a dedo, apreciando posibles delitos de prevaricación e incluso de malversación de caudales públicos contra el citado gerente y los cinco miembros del consejo de administración que votaron a favor de dichos contratos: Enrique Moresco, Alfonso Candón (que era concejal en 2010), el también ex edil popular Carlos Montero, Daniel Pérez (consejero delegado de Apemsa durante el gobierno del PP-PA) y José Manuel Cauqui, sobre los que también se decreta sobreseimiento y archivo de la causa en el citado auto, emitido por el juzgado el pasado miércoles, día 14.

La denuncia de presuntas irregularidades que dieron origen a las actuaciones practicadas por el Juzgado Número 5 de El Puerto partieron de la Plataforma Ciudadana contra la venta de Apemsa, que en su día denunció que dichos miembros del consejo de administración de Apemsa, empresa pública de aguas, votaron el día 13 de diciembre de 2010 en junta general prorrogar dos contratos de prestación de servicios con la firma Aqualia, vulnerando la normativa sobre contratación pública, al entender que en realidad se hacían nuevos contratos y se evitaba sacar a concurso público la contratación. La Plataforma contra la venta de Apemsa está formada por diferentes asociaciones y Ecologistas en Acción, y su posición fue secundada por Izquierda Unida, PSOE y Ciudadanos Portuenses.

Durante la instrucción del caso Apemsa la prorroga de los contratos se justificó en la urgencia de las dos obras que había que acometer: la construcción de un tanque de tormentas para regular los caudales de entrada a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Las Galeras y la duplicación de la impulsión de la estación de bombeo de la calle Aurora a la propia EDAR Las Galeras. Como solución a dicha urgencia el consejo de administración acordó prorrogar los contratos de explotación, mantenimiento, y conservación de la depuradora y la limpieza de alcantarillado y mantenimiento de las estaciones de bombeo a la empresa Aqualia, con la obligación de que la adjudicataria de la contrata financiara las dos obras urgentes.

En el auto judicial que archiva el caso se apunta que la normativa en materia de contratos del sector público recoge la posibilidad de alterar el objeto del contrato "por razones de interés público", enumerando una serie de sentencias donde se aplica dicho principio.

A continuación, el auto judicial explica que la decisión de proceder a la prórroga del contrato de Aqualia fue adoptada a propuesta del gerente, Juan Campos, y que contaba con informes favorables, cumpliendo el requisito de "causa justificada", existiendo también un informe del asesor jurídico de Apemsa. Por ello, y al haberse recabado todos los informes favorables, el auto judicial explica que "difícilmente puede hablarse de una conducta dolosa en los investigados". Señalando además que "de existir, el error, la mala gestión o el negligente asesoramiento, por si solos, no son sancionados penalmente en el ordenamiento jurídico actual". De esta forma, el auto judicial concluye que "no se aprecian conductas que puedan englobarse en delitos societarios; no hubo abuso de funciones en su cargo por los administradores, ni tampoco se falsearon cuentas anuales", por lo que se estima que los hechos abordados durante la instrucción del caso "carecen de la relevancia penal mínima para proseguir con el procedimiento por los cauces instados, procediéndose en consecuencia al archivo de la causa", aunque la plataforma denunciante podrá interponer recurso de apelación en cinco días.

Ayer, las redes sociales se hicieron eco del archivo de la causa abierta contra los dos ex alcaldes del PP de El Puerto, un partido que está viendo en los últimos meses el sobreseimiento de distintos asuntos en los juzgados locales. Mientras tanto, el diputado popular Alfonso Candón, que declinó ayer hacer declaraciones, ha adelantado que comparecerá este viernes para hacer una valoración de los hechos y el archivo de la causa de Apemsa.

Cabe recordar que Alfonso Candón (ahora en la oposición) declaró como investigado por el caso de los contratos prorrogados de la depuradora portuense el pasado 8 de mayo, actuando como acusación en la comparecencia Ecologistas en Acción y el ministerio fiscal.