Aunque es de sobra conocido que el mundo de la construcción funciona a través de contactos y lobbys de profesionales que atienden la demanda de forma organizada, nunca antes se había escuchado la denuncia de un ayuntamiento contra un presunto "grupo de presión". Ha sido el propio Consistorio de Trebujena el que ha alertado de la presencia de "un grupo de trabajadores de poblaciones cercanas" a este municipio que, bajo "amenazas" y "coacción", "imponen a algunas empresas" la contratación de determinado personal, recurriendo para ello a "violencia verbal e intentos de agresión física" en las propias obras. "Amenazas directas amparadas en la muchedumbre de tal calado que los trabajadores tuvieron que arrinconarse en las casetas de obras al ser agredidos con piedras, amenazas y destrozos de vallas", según ha denunciado el ayuntamiento trebujenero, que, incluso, considera que estos hechos han llegado a "convertirse en un problema de orden público" y han pedido el amparo de la Subdelegación del Gobierno para que "garantice la integridad y seguridad de los trabajadores, la legalidad del funcionamiento de las obras y se evite un enfrentamiento entre los propios trabajadores".

Según informó el Consistorio en una nota de prensa, este colectivo de obreros se ampara en el "eufemismo" del cumplimiento del convenio del sector, pero el Ayuntamiento, gobernado por IU, argumenta que, en el caso de las obras municipales, se contrata a empresas que respeten las condiciones laborales y se llega a condicionar el pago de las certificaciones de obra a este cumplimiento. Una máxima que también cumple la Empresa Pública Trebujena Emprende, según el comunicado del Consistorio, en el que también se advierte de que esta acción violenta "está causando retraso en los plazos previstos de entrega de las 33 viviendas de protección oficial que se construyen en Palomares".

La respuesta municipal ante los hechos denunciados es de "condena enérgica" y consideran que es un "auténtico atropello al estado de derecho y a los trabajadores de Trebujena", ya que "afectan a la totalidad de los oficios de obras". Para frenarlos, el Gobierno municipal mantuvo el viernes una reunión con representantes del gremio en la que "no se llegó a ningún acuerdo por la reiteración en la imposición de sus premisas a la hora de contratar", y aunque cree que estos actos se repetirán "en los próximos días", "las puertas siguen abiertas al diálogo".