La Audiencia rechaza ordenar la demolición de tres chalés ilegales

  • Absuelto un albañil y condenados a penas mínimas, por retraso injustificado de la causa, un perito, un aparejador y los dueños del terreno, ubicado en Chiclana

La Audiencia Provincial de Cádiz ha rechazado ordenar la demolición de tres chalés construidos de manera ilegal en Chiclana en 2003, medida que reclamaba la Fiscalía, en una sentencia que absuelve a un albañil y condena a un perito industrial, a un aparejador y a tres propietarios del terreno rústico, no urbanizable y de especial protección, en el que fueron levantadas las viviendas. La resolución argumenta al optar por "la vía conservadora" que las casas, ubicadas en Pago Melilla, en el Camino de los Viñedos, se encuentran en un área consolidada de población, con los servicios y suministros "básicos en pleno funcionamiento", y que existe un plan urbanístico nuevo para esa zona.

También tiene en cuenta el tribunal de la Sección Primera, al inclinarse por no ordenar el derribo de los tres chalés, el tiempo transcurrido desde que fueron construidas las casas hasta ahora: "diez años entre la comisión delictiva y esta resolución".

Ese retraso no sólo ha servido para salvar las viviendas. También ha favorecido a los procesados condenados, que son todos los que se sentaron en el banquillo menos uno. La causa llegó a juicio con una petición de penas elevadas. Pero tanta demora injustificada en la instrucción del caso ha terminado por merecer en la sentencia una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas que fue añadida por el fiscal a su escrito de acusación definitiva al modificar el inicial.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Carlos Campo, condena a M.A.G.U., propietaria de la finca, quien se conformó con lo solicitado por el fiscal, a un año prisión por un delito contra la ordenación del territorio y otro de falsificación. Al aparejador F.C.T.S. le impone ocho meses de prisión por falsificación. A esa misma pena es condenado el perito industrial Diego García García, a quien la Audiencia Provincial impuso seis meses de prisión, también por elaborar un certificado de antigüedad de una vivienda falso, en otro asunto juzgado a finales del año pasado.

La resolución también condena a M.H.G., quien vendió el terreno a M.A.G. en diciembre de 2002, a seis meses de prisión por falsificación. Y por el mismo delito y por otro de estafa, impone dos años de prisión a F.J.F., quien se concertó con M.A.G. y se encargó de vender los tres chalés construidos de manera ilegal.

También estos dos últimos procesados se conformaron con lo pedido por el fiscal. La sentencia absuelve a un acusado de construir las tres viviendas: un albañil que negó su condición de constructor de los chalés. El tribunal explica que no ve probado que lo fuese pese a las fundadas sospechas de que sí lo era, insuficientes para alcanzar la certeza.

La resolución relata en el apartado de hechos probados que el Pago Melilla es actualmente un núcleo de población "absolutamente consolidado con sus suministros y servicios básicos en pleno funcionamiento (agua, luz, asfaltado, señalización, rotulación viaria, servicio de autobuses...)".

También señala que el procesado F.J.F. ha llegado a un acuerdo con los compradores de los tres chalés (dos familias británicas una española), que han renunciado a una reclamación civil.

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