Provincia

La CEC lanza un SOS para cobrar los impagos de las administraciones

  • Los empresarios reclaman la compensación de deuda entre organismos públicos ante la asfixia de numerosas firmas · Piden la supresión de las garantías provisionales en los concursos

Los empresarios gaditanos llevan meses empleando casi más tiempo y energía en cómo apañárselas para capear el temporal de la crisis que en el propio quehacer de sus actividades productivas. Aunque lo expuesto parezca una exageración, la asfixia que sufren los emprendedores de la provincia por la falta de créditos y el impago de deudas millonarias por parte de las administraciones está suponiendo un lastre demasiado grande que está destruyendo cientos de empleos.

La Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC) lanzó ayer el enésimo llamamiento ante "la complicada y difícil situación por la que atraviesan las empresas gaditanas". El SOS iba dirigido a las diferentes administraciones públicas, a las que piden, en definitiva, "que tengan en cuenta estas especiales circunstancias".

¿Por qué ese llamamiento de los empresarios a los organismos públicos? Porque uno de los principales obstáculos que sufre el tejido productivo de la provincia de Cádiz es la demora en los pagos por parte de las administraciones, que acumulan deudas millonarias que son incapaces de afrontar por la también delicada situación de la arcas públicas.

La entidad que representa a los empresarios gaditanos solicita una medida que considera necesaria sobre todo para las pymes y los autónomos: la compensación de deuda entre las diferentes administraciones públicas que mantienen flujos financieros.

Con esta solución, la CEC explica que las empresas podrían abonar sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social con los créditos que mantengan con otras administraciones, y tanto el Ministerio de Hacienda como la Tesorería de la Seguridad Social podrían repercutir las cuantías compensadas en las cantidades que deban entregar a las administraciones deudoras.

La Confederación considera que con esta medida se evitaría lo que está ocurriendo en la actualidad: que los ayuntamientos no acuden al ICO porque saben que la administración del Estado les va a poder cobrar con más facilidad lo que las empresas pueden tardar años en cobrarles.

Bajo la sombra de la crisis, las empresas están obligadas a pagar de forma puntual los impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social y sufren recargos si retrasan sus abonos. No ocurre lo mismo con las administraciones públicas que no atienden sus pagos, ya que éstas no acumulan intereses aunque tarden años en saldar sus deudas con las empresas, que llegan a una situación insostenible al no cobrar los trabajos realizados y sufrir la presión para pagar sus cuentas pendientes.

Otra solución que ofrece la CEC es que las empresas puedan ceder el crédito que ostentan frente a las administraciones públicas morosas a la Seguridad Social o al Ministerio de Hacienda para hacer frente a sus pagos. Para los empresarios, esta cesión serviría como abono de esas obligaciones sin perjuicio de que tanto el Ministerio de Hacienda o la Tesorería de la Seguridad Social cobren las deudas a las administraciones morosas ya que tienen, además de más capacidad financiera, más facilidad de cobro.

"La necesidad ahoga y es necesario modificar las leyes", señala el vicepresidente ejecutivo y secretario general de la CEC, Javier Sánchez Rojas. El objetivo es claro: "que se abonen las deudas de las administraciones públicas a las pymes y autónomos", ya que, a su juicio, "no es justo que las empresas soporten los déficit de los organismos públicos". Por ello entiende que son necesarias más medidas (además de las que ya están en marcha como el Plan E, Proteja...) con las que las empresas puedan ver que tienen un futuro por delante.

La CEC también ha solicitado a la administración pública la supresión de las garantías provisionales que las empresas deben presentar en concursos públicos, que son previas e independientes a la adjudicación del contrato y suponen el 2% del presupuesto del mismo. La Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público ya no exige como requisito el cumplimiento de la garantía provisional, aunque el 90% de los organismos la siguen pidiendo en sus convocatorias. Ese 2% que parece un porcentaje minúsculo en realidad "supone un gran esfuerzo para las empresas por las dificultades que hay para acceder a créditos y avales, y además complica la presentación a licitaciones", recalca Sánchez Rojas.

A su juicio, la eliminación de las garantías provisionales supondría un respiro paras las empresas, que además no tendrían una cantidad de dinero inmovilizada que podrían emplear en otras necesidades.

Con las propuestas de eliminación de las garantías provisionales y la compensación de deuda entre administraciones la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz pretende "que la administración colabore a mejorar la grave situación económica actual", de forma "que no se ponga en peligro la supervivencia de las empresas gaditanas y sus trabajadores", indicó la CEC en un comunicado.

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