El CGPJ expedienta al juez Rafael Tirado e insta a depurar más responsabilidades

  • La comisión disciplinaria asume el informe que aprecia una falta "muy grave" de desatención · Archiva el caso del otro magistrado que tardó casi tres años en dictar sentencia

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No hubo sorpresas de última hora. La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer por unanimidad de sus cinco miembros abrir un expediente disciplinario por falta "muy grave" de desatención al juez Rafael Tirado Márquez, que condenó al presunto asesino de Mari Luz por abusos sexuales a su propia hija pero no controló la ejecución de la condena para garantizar su ingreso en prisión.

El órgano disciplinario del Poder Judicial, que asumió íntegramente la propuesta del servicio de Inspección, acordó además remitir las actuaciones a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Justicia y a la Junta de Andalucía para que estas instituciones "valoren las conductas de los funcionarios intervinientes sometidos a su potestad disciplinaria", según confirmó el portavoz del CGPJ, Enrique López.

En el transcurso de la comisión disciplinaria no llegó a plantearse la posibilidad de suspender cautelarmente al magistrado Rafael Tirado, aunque esta medida puede ser solicitada si lo estima oportuno el instructor del expediente, función que llevará a cabo el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea Godoy. El instructor dispone ahora de seis meses para concluir el expediente, aunque todo apunta a que puede estar en cuatro meses.

La apertura del expediente a Rafael Tirado, que ayer acudió a su juzgado como todos los días desde que estalló el escándalo y no quiso hacer ninguna declaración sobre su caso, se produce después de que el servicio de inspección le atribuyera una falta muy grave que se fundamenta en una triple argumentación: su pasividad en la tramitación de la ejecutoria de Santiago del Valle, dejación de funciones y ausencia de control de la actividad de los funcionarios del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla.

El servicio de inspección detectó "varios retrasos significativos y errores en la tramitación" de la ejecución de la sentencia del pederasta, y tachó de trámite "dilatorio e innecesario" que el juez requiriera al matrimonio condenado para su ingreso voluntario en la cárcel. El presunto asesino no cumplió ese requerimiento y la causa estuvo paralizada más de dos años sin que se dictara orden de busca y captura.

La Inspección no sólo detectó responsabilidades en la intervención de Tirado, porque la secretaria del juzgado, Juana Gálvez, "no se percató de la omisión por parte del funcionario que tramitaba la ejecutoria de la expedición de la requisitoria de Santiago del Valle, a pesar de venir obligada a velar por el efectivo cumplimiento de lo acordado" y tampoco advirtió al juez.

La comisión disciplinaria del Poder Judicial decidió archivar, de otro lado, las informaciones previas abiertas a otros magistrados que han tenido alguna relación con el proceso de Santiago del Valle. En el caso del juez Javier González Fernández, que tardó dos años y medio en confirmar la condena por los abusos sexuales a su hija, el archivo se produce porque la posible responsabilidad disciplinaria de este juez ha prescrito, al haber transcurrido más de dos años desde que se dictó aquella resolución, en diciembre de 2005.

Este magistrado dijo ayer que "ignora" por qué no se archivó antes su investigación y señaló que en este contexto "de tanta presión mediática e institucional no está de más recordar que la obligación de ser independientes en el ejercicio de sus funciones es exigible también a los órganos de gobierno de los jueces".

La Inspección dejó claro que el archivo del caso a este magistrado se debe a que la falta ha prescrito, porque el hecho de que la Sala tardara dos años y siete meses en confirmar la condena demostraba, según el inspector, una "pasividad alarmante" en un momento procesal de "extraordinaria importancia".

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