Desde julio de 2009 hasta julio del año pasado, la provincia perdió 7.742 empleos públicos, según se desprende de las cifras publicadas en los números correspondientes a ambos meses del Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Si hace seis años las plantillas de la Administración Pública Estatal, la de la Comunidad Autónoma, la de las administraciones locales (ayuntamientos y Diputación) y la de la Universidad las conformaban 80.502 trabajadores, en julio del año pasado las componían 72.760. Casi 8.000 menos: una media anual de 1.290 trabajadores.

Este importante descenso del empleo público en territorio gaditano hace caer a la provincia del segundo puesto al tercero en la comunidad autónoma, donde en el séptimo mes de 2009 se contabilizaban 499.974 trabajadores de las administraciones, frente a los 462.591 del séptimo mes del año pasado. Por delante de Cádiz sigue estando Sevilla, con 115.051 empleados públicos en 2015 (5.755 menos que en 2009) y Málaga, que le arrebata el segundo puesto, con 74.276 (1.851 menos que hace seis años). En toda España, las administraciones públicas emplearon en 2015 a 2.542.787 personas, 116.223 menos que en 2009.

Por administraciones, son los ayuntamientos y la Diputación los que más empleo han destruido, con 3.130 puestos de trabajo menos. Si hace seis años las plantillas municipales y de la institución provincial sumaban 18.763 empleos, en 2015 quedaron reducidos a 15.663. A las administraciones locales le sigue la autonómica, que se deja en el camino nada menos que 2.697 puestos de trabajo, pasando de 35.591 a 32.894, y la central, con 1.786 menos, manteniendo en sus plantillas 22.075 trabajadores, frente a los 23.861 de 2009.

Dentro de la Administración Pública Estatal, los únicos sectores que ganan empleo en los últimos seis años en la provincia de Cádiz son, por un lado, el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que crece de 4.244 efectivos en julio de 2009 a 4.740 el mismo mes de 2015, y por otro, el de Justicia, que pasa de 327 empleados a 382. Los trabajadores de las Fuerzas Armadas, tan numerosos en otros tiempos y tan importantes por su repercusión económica para poblaciones como San Fernando o Rota, se redujeron en 1.014 efectivos, de manera que el año pasado eran 10.962, frente a los 11.976 de hace seis años.

En el seno de la Administración Autonómica, donde se destruyó más empleo fue entre el personal directamente contratado por las consejerías y sus organismos autónomos de administración, con 1.624 puestos de trabajo menos (baja de 4.850 a 3.226), las instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, con una reducción de 813 empleos (13.552 en 2009 y 15.886 en 2015) y la docencia no universitaria, con una bajada de 163 (16.049 hace seis años y 15.886 el pasado). En las consejerías, las mujeres perdieron más empleo que los hombres y en la docencia no universitaria, al revés.

Como es obvio, la mayor parte de esta preocupante pérdida de empleo público se corresponde con personal laboral, pero también con los denominados falsos autónomos, trabajadores que se vieron obligados a suscribir contratos, sobre todo con la administración andaluza, como si fuesen empresas contratantes, cuando en realidad trabajaban para ella en exclusividad y por cuenta ajena, con la consiguiente pérdida de derechos y garantías laborales y el injusto y a veces hasta violento rechazo de algunas centrales sindicales funcionariales. Algunos de ellos han tenido que ser readmitidos después de lograr sentencias que les reconocían como trabajadores por cuenta ajena.