El Gobierno municipal  de Sanlúcar, formado por el PSOE y el partido independiente CIS, se quejó ayer martes del "silencio" de la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), ante los escritos que le ha remitido en relación a la oleada de ocupaciones de pisos en la localidad. 

Además de poner a disposición de la Administración autonómica unos terrenos municipales de la avenida 1492 para la construcción de 47 viviendas de promoción pública -"la Junta sólo tendría que iniciar las obras"-, el Ayuntamiento informa por escrito a la consejera del número de pisos que han sido ocupados en la ciudad reclamándole "que adopte las medidas necesarias, habida cuenta de la situación creada en las últimas semanas". Según apuntó, en más de una carta "el Consistorio se pone con todos sus medios a su entera disposición".

El Gobierno local que encabeza el alcalde socialista Víctor Mora mostró públicamente su "sorpresa" por el hecho de que "además de la falta de respuesta de la consejería que dirige Elena Cortes, IU, formación política de la que es integrante la consejera, pida que se facilite luz y agua a las viviendas ocupadas de manera ilegal, alentando de esta forma a que se puedan producir otras ocupaciones de este tipo en unos inmuebles que en muchos casos no cuentan con licencia de primera ocupación porque no reúnen las condiciones adecuadas para ser habitadas con total garantía". En este sentido, la coalición PSOE-CIS pidió a IU que "actúe de manera responsable y no anime de esta forma a que se produzca esta clase de acciones".

Para el Gobierno sanluqueño, el "apoyo expreso" de IU a los okupas y "las instrucciones que supuestamente da el SAT sobre cómo ocupar las casas" permiten "pensar que la masiva ocupación de viviendas en Sanlúcar puede responder a una estrategia política de determinadas organizaciones". Desde su punto de vista, "lo correcto sería informar a los afectados por este problema de que deben estar inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda y contar con los correspondientes informes de evaluación de los servicios sociales para buscar posibles soluciones con la Consejería de Vivienda".

El Gobierno de la ciudad, que aseguró que "el Ayuntamiento seguirá actuando dentro de la legalidad" y atendiendo a las familias necesitadas, pidió "responsabilidad" a "todas las organizaciones políticas y sindicales". Igualmente, solicitó a "los responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado" que "adopten las medidas necesarias para evitar en lo posible nuevos episodios de ocupación ilegal de inmuebles en Sanlúcar".  

Por su parte, la formación local de IU difundió un comunicado con el respaldo de la organización provincial de la coalición en  el que insta al Gobierno municipal a "atender a las familias ocupantes". "Ante la situación de pobreza, marginación e incluso necesidad de alimentos de estas familias, el Ayuntamiento no puede ni debe quedarse impasible afirmando que les no va a dar ni luz ni agua porque eso daría pie a un efecto llamada", manifestó.

En su opinión, "el problema actual de emergencia de vivienda para decenas de familias sanluqueñas no se soluciona con ceder de manera urgente y oportunista suelo a la Junta para construir viviendas sociales. Ahora lo que toca es procurar que estas familias, muchas de ellas con menores a cargo, tengan de manera transitoria acceso al agua y la luz, a la vez que los servicios sociales municipales determinan las ayudas asistenciales necesarias según los casos". A su juicio, "la situación de falta de viviendas sociales en Sanlúcar es responsabilidad exclusiva del Gobierno local, que en siete años no ha construido ni una sola".

De acuerdo con la versión de IU, "por desgracia, no se puede aplicar la ley andaluza sobre la función social de la vivienda, por la cual se podría obligar a los bancos a realizar alquileres sociales, ya que esta norma está recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional". Así, la coalición izquierdista demandó a los dos partidos que gobiernan en el municipio que "no se pongan de perfil ni pretendan echar balones fuera eludiendo este grave problema social".