Un ex trabajador civil de la Base Naval de Rota espera su readmisión a su puesto de trabajo después de que su despedido se considerara improcedente. Ahora, su abogado asegura que el Ministerio de Defensa (de quien dependen todas las empresas contratadas para trabajar en la Base) ya ha ordenado la reincorporación de este trabajador, pero asegura que "hay cierta resistencia a cumplir la sentencia por parte del mando norteamericano de la Base".

Todo comenzó el 11 de abril del año 2014. Hasta ese día, Rafael Romero trabajaba dentro de la Base de Rota como uno más de los empleados conocidos como PLL, personal laboral local. En su caso, su puesto era de ayudante de cocina en una pizzería, para la empresa MWR. Allí realizó su labor durante los últimos 23 años y recibió varias distinciones por parte del mando norteamericano de la Base. Sin embargo, todo se torció. Fue despedido al considerar el máximo responsable del mando de EEUU en el recinto roteño que había incurrido en una falta muy grave, relacionada con el uso off line de la tarjeta de crédito en establecimientos de la Base, algo que estos trabajadores han de hacer con autorización. Sin embargo, Rafael no se conformó y recurrió su despido ante un Juzgado de Jerez, que le dio la razón y declaró improcedente el despido. En el auto judicial, se daba al afectado la opción de elegir entre los más de 47.000 euros que le correspondían como indemnización, o bien ser readmitido. Optó por la segunda opción.

El TSJA desestimó el recurso de Defensa y dio cinco días para la readmisión del afectado

Sin embargo, el Ministerio de Defensa elevó un recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, el pasado 5 de julio de 2016, desestimó dicho recurso y reafirmó la sentencia del Juzgado jerezano. El pasado 20 de enero, el juez emitió un auto en el que "ordena al Ministerio de Defensa la reposición del trabajador en su puesto de trabajo, que deberá efectuarse en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de la presente resolución".

Al comprobar que dicha reincorporación no se efectuaba, la defensa de Rafael (efectuada por el letrado José Antonio Sáinz de Baranda), volvió a reiterar el pasado día 9 al Juzgado jerezano el cumplimiento de la sentencia, además de recalcar que su defendido, Rafael, lleva casi dos años "percibiendo su salario sin prestar servicio alguno". Es decir, sigue cobrando, pero no permiten que vuelva a su puesto.

El último paso lo ha vuelto a dar el mismo Juzgado de Jerez, el número 2 de lo Social. En un nuevo auto del pasado día 16, da 30 días a Defensa para que acredite haber cumplido la sentencia, es decir, la readmisión de Rafael, en el plazo de 30 días. Pero, además, en una diligencia de la misma sede judicial, "se requiere al Ministerio de Defensa para que facilite la identidad de la autoridad o funcionario responsable del cumplimiento de la ejecutoria, al objeto de individualizar oportunamente las responsabilidades derivadas, incluidas las responsabilidades patrimoniales aque hubiere lugar". Para ello otorga un plazo de tres días.

En caso de que este pronunciamiento no surta efecto, la defensa de Rafael Romero se plantea presentar una demanda por desacato.