El fuerte incremento de la llegada de migrantes el pasado año tuvo su perfil más vulnerable en el importante aumento en la llegada de menores extranjeros no acompañados. El pasado año desembarcaron casi 2.200 adolescentes sin sus padres en las costas españolas, 1.272 de ellos en la provincia de Cádiz. Multiplicaron por diez los 128 registrados el año anterior. Ese crecimiento desbordó el sistema de protección de menores de Andalucía, que está sufriendo un "colapso" del que alerta el Defensor del Pueblo Andaluz en su último informe, presentado ayer. Y las perspectivas son complicadas: para este año se espera otro aumento en las llegadas.

Las cifras crecen en los registros consultados por la oficina de Jesús Maeztu. El sistema de atención a menores migrantes de Andalucía había atendido hasta octubre de 2017 a más de 2.500 personas llegadas ese año, a las que había que añadir las 703 que estaban siendo atendidas del año anterior. Un total de 3.203 personas que sobrepasan con mucho la capacidad existente, lo que llevó a que la ocupación de los centros fuera incluso del cuádruple de las plazas previstas. Por término general, los centros mantuvieron como mínimo una ocupación del doble de las plazas que había.

La Administración autonómica, responsable de la atención a los menores, puso en marcha unos dispositivos de emergencia, creando nuevas plazas de carácter provisional gestionadas por entidades privadas. Pero la llegada incesante de menores hizo que las medidas de emergencia adoptadas fueran insuficientes y la saturación de los centros (en el caso de la comarca hay dos, Algeciras y La Línea) dejó un aluvión de críticas de sindicatos y ONG, que denunciaban que los menores estaban durmiendo en colchones en el suelo o la imposibilidad de garantizar la atención requerida por los menores. La propia Administración autonómica alertaba del colapso sufrido.

Además, remarca el Defensor, los efectivos de los centros no fueron incrementados, por lo que la asistencia a los menores les ha obligado a hacer un importante esfuerzo. Hay una doble merma de derechos, advierte Maeztu: los de los menores a recibir una asistencia adecuada, que más allá de lo asistencial más básico implica también labores educativas, y los de los trabajadores.

Ante las quejas llegadas al respecto, el Defensor reconoce que la solución "en ningún caso puede estar en ampliar ilimitada e indefinidamente la capacidad de los centros de protección de menores de Andalucía". Maeztu mira a otras administraciones recordando que "el fenómeno que abordamos es una cuestión que compete también a la Unión Europea y al Estado español, no es sólo una cuestión de nuestra comunidad autónoma. Son estos entes quienes de forma coordinada han de articular los medios, mecanismos e instrumentos necesarios para abordar el asunto con las debidas garantías, teniendo siempre presente que cuestiones organizativas o económicas nunca pueden prevalecer frente al interés superior de unos adolescentes que llegan a nuestro país en una situación de especial vulnerabilidad".

Por otra parte, el Defensor también llama a una intervención global en el fenómeno migratorio que tenga uno de sus focos en los países de origen, prestando la ayuda necesaria "que ponga término a la imperiosa necesidad que tienen muchas personas, incluidas menores de edad, de salir de sus países en busca no sólo de un futuro mejor, sino simplemente en busca de un futuro".