Los presos, y por extensión sus familiares, ya formaban parte del último eslabón de la cadena de la exclusión social, pero con la crisis, su situación se ha recrudecido a causa de los recortes que, entre otras cosas, les han privado del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (Soajp) que sufragaba la Junta de Andalucía. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), por boca de su coordinador en Cádiz, Rafael Lara, se erigió ayer una vez más en el altavoz de este colectivo para denunciar este empeoramiento de la vida de los reclusos, con menos medios para traslados para recibir atención médica y disminución de los recursos para ocio y formación.

Lara, acompañado por María del Carmen Díaz, de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Cádiz, ofreció una rueda de prensa en la que presentaron la reapertura de los puntos de información y acompañamiento a familiares de personas presas por parte de Derechos Humanos este mismo mes. Puntos habilitados en Chiclana, El Puerto y Cádiz atendidos por voluntarios, ya que las subvenciones brillan por su ausencia.

Ambos desvelaron las quejas y consultas que reciben a diario de la población interna, entre las que destacan dificultad de desplazamiento a las prisiones (especialmente a las de El Puerto, sin transporte público), la petición extendida de acercamiento a los centros más cercanos para evitar el desarraigo y posibilitar la reinserción; facilitar la relación entre instituciones penitenciarias y familiares, que no reciben información de la situación del interno; dificultad para denunciar situaciones injustas y malos tratos, por miedo a las represalias, y cumplimiento de plazos legales de prisión preventiva.

Así las cosas, la Apdha exige a la Junta que restituya los Soajp en Andalucía, conveniando con los colegios de abogados la prestación de manera inmediata, y anuncia una campaña pro transporte público a las prisiones de El Puerto.