Llevan nueve años en el punto de mira. Desde que se destapó el robo de 7,8 millones de euros de la caja de dinero en efectivo que existía en las oficinas de Hacienda del Ayuntamiento de San Fernando, el interventor -José Antonio López Fernández- y la tesorera -María de las Virtudes Gómez Montero- han estado en el ojo del huracán. Sus fallos en los mecanismos de control de las arcas municipales hicieron en primera instancia que el Tribunal de Cuentas les considerara en 2013 responsables subsidirarios del alcance y a que, como tales, les condenara a pagar 67.000 y 29.544 euros, respectivamente. Pero su situación se complicó todavía más cuando ambos funcionarios fueron arrastrados por la instrucción de la causa penal, que se centraba en los cajeros -Clemente Ruiz y María José Lebrero- como principales sospechosos.

Un auto judicial dictado el 20 de julio de 2015 que fue recurrido por la Fiscalía los incluía ya en el proceso en calidad de investigados al considerar que, más allá de la ausencia de celo, existía una conducta "dolosa" en el interventor y la tesorera que había permitido la sustracción continuada del robo. Esta situación se confirmó un año más tarde y llevó a que uno y otro tuvieran que acudir a prestar declaración ante la jueza que instruye la causa en enero de 2017.

Aunque fue el contundente auto con el que la jueza Miriam Solano intentó tras ocho años dar carpetazo a la instrucción del robo -hace ahora un año- el que los implicó de lleno al considerarlos igualmente responsables del desfalco de las arcas municipales e interpretar que, por su dejación de funciones, existía una colaboración "activa y consciente" que había permitido la sustracción continuada del dinero público.

De nuevo este posicionamiento chocó con el rechazo de la Fiscalía, que recurrió el auto judicial ante la Audiencia Provincial de Cádiz -también lo hicieron los afectados, lógicamente- y que finalmente -la noticia trascendió ayer- ha acordado el sobreseimento de la causa abierta contra el interventor y la tesorera.

Según el auto dictado por la Audiencia se descarta que ambos funcionarios actuaran siguiendo una conducta dolosa, es decir, con conocimiento de lo que estaba sucediendo en el Ayuntamiento. Es lo que había llevado al fiscal, Ángel Núñez, a oponerse a la implicación del interventor y de la tesorera en calidad de investigados alegando que en el Código Penal vigente no se contempla la malversación por imprudencia y que ambos, por esta misma razón, habían tenido que asumir su responsabilidad subsidiaria ante el Tribunal de Cuentas.

La Audiencia Provincial da la razón a la Fiscalía al afirmar que "no existe ningún indicio" que apunte a que el interventor y la tesorera -paradójicamente, quienes denunciaron el robo en 2009- tuvieran conocimiento de lo que estaba ocurriendo "y colaborarán activamente".

El auto también estima el recurso de la Fiscalía en lo que se refiere a la intención de la jueza de dividir la causa en dos piezas separadas, una centrada en el robo perpetrado en las oficinas municipales y otra dedicada a investigar la trama marroquí que supuestamente se dedicaba a blanquear el dinero. Eso significa que, por ahora, la instrucción del robo seguirá abierta hasta que se resuelvan las comisiones rogatorias y se tome declaración a los imputados de origen marroquí que se vinculan con la trama.