La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso que el abogado de Rafael Ávila, el empresario sanluqueño que protagonizó hace dos años el, según lo calificó la Policía, "el secuestro de móvil económico de mayor duración que ha habido en España", interpuso contra el auto que hace un mes puso en libertad a Manuel Ibáñez. Se trata del que desde estas páginas hemos bautizado como el empresario de las baratijas. Natural de Sanlúcar, Ibáñez alquiló un local para montar un negocio de venta de alhajas al propio Rafael Ávila. Y fue detenido junto al considerado como cabecilla del rapto, el conocido estafador Luis Miguel Rodríguez Pueyo, en la casa de este último, en Sevilla, poco después de que los Geos liberaran al empresario sanluqueño en un chalé de Almonte, propiedad del tercer principal encartado, Raúl Brey, primo hermano de Mariano Rajoy.

La Audiencia pues sigue considerando que, en el caso de Ibáñez, al que el juez instructor acusó de encargarse de recabar información sobre la víctima, valiéndose de la cercanía que mantenía con el empresario sanluqueño por haberle alquilado el local, los indicios "no son tan vehementes como en el resto de implicados". De ahí que haya decidido desestimar el recurso contra su puesta en libertad bajo fianza de 25.000 euros, si bien sí ha accedido a dictar una orden de alejamiento, como reclamó la familia del secuestrado.

El problema estriba en que dicha medida es de complejo por no decir imposible cumplimiento. Y es que, según ha explicado a este diario el abogado de Ibáñez, Luis Romero, el imputado vive en una casa al lado de una de las oficinas de Rafael Ávila. Se trata de una casa de su propiedad que Ibáñez compró en la promoción que Ávila, que se dedica a los negocios inmobiliarios y a la asesoría de empresas, había realizado en la Casa Palacio Las Palomas. La misma promoción en la que luego le alquilaría el local para montar el negocio de baratijas. De ahí que el letrado Luis Romero haya alegado ante la Audiencia, con vistas a que se tenga en cuenta esta curiosa circunstancia, estando a la espera de recibir respuesta a estas alegaciones.

Romero, al tiempo, ha vuelto a insistir en que Ibáñez siempre ha defendido su inocencia. De hecho, el propio Pueyo ha declarado que su amigo (los dos estuvieron implicados en el caso Arny, de abusos a menores en el pub sevillano de ese nombre, siendo Ibáñez absuelto y Pueyo condenado) no tuvo nada que ver. El considerado como cabecilla sí ha reconocido su participación en el rapto, si bien aseguró que lo hizo porque fue amenazado de muerte por un grupo extranjero para el que trabajaban tanto él como el secuestrado. Según declaró Pueyo al juez instructor, él y Ávila blanqueaban dinero para ese grupo, y le ordenaron raptarlo porque el sanluqueño se había quedado con un millón de euros, y le responsabilizaban a él de esa deuda.

Este diario ya publicó hace dos años que Pueyo y Ávila hicieron también negocios juntos: el primero compró al segundo en la misma promoción de Ibáñez una vivienda, un garaje y dos trasteros.