Empleo quiere hacer efectiva la multa de 6.000 euros a la empresa Pascual

  • La Delegación Provincial considera que debe imponerse la sanción económica que propone la Inspección de Trabajo, sin embargo recuerda que primero la empresa tiene un plazo para alegar

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía tiene previsto imponer una sanción económica de 6.251 euros. Esto "a día de hoy" como señaló ayer el delegado provincial, Juan Bouza, que quiso dejar claro que primero habrá que ver las alegaciones que presente la empresa José Manuel Pascual Pascual. Esta tiene un plazo de 15 días para recurrir, y así lo hará, como ya ha señalado la dirección de la misma. Será después cuando se tome la decisión definitiva.

De este modo Empleo asumiría las conclusiones del informe encargado a la Inspección de Trabajo. En el documento, como publicara ayer este periódico, la Inspección considera que la empresa ha cometido una infracción al obligar a las enfermeras y auxiliares de la Clínica San Rafael de Cádiz a llevar falda en el uniforme en vez de pantalón. Una vulneración del artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo que implica discriminación, en este caso por razón de sexo.

Como reseñó Bouza, la Junta considera que el informe de la Inspección es "bastante razonable", como también lo es que el uso de pantalón o falda sea opcional. Para el delegado provincial el argumento de la empresa, que señalaba que se trataba de un uniforme establecido desde hace años, no es suficiente ni objetivo y que, por tanto, "no hay razón para que siga existiendo obligatoriedad en el uso del uniforme".

En principio la empresa dueña de la Clínica San Rafael y de otros centros sanitarios concertados dentro y fuera de la provincia, sigue mostrando una postura firme respecto al uso del mismo uniforme que se ha utilizado hasta ahora. A este respecto la Delegación Provincial de Empleo explica que en caso de que finalmente se imponga la multa y a pesar de ello la empresa no anule la obligatoriedad de la falda, "se seguirá insistiendo, la autoridad laboral seguirá actuando, se volverá a sancionar si es preciso, e incluso, si es necesario, se tendría que optar por el mecanismo judicial". Juan Bouza declaró que "lo recomendable y razonable para evitar esta situación sería que la empresa cumpla lo señalado por la Inspección".

El delegado también respondió en referencia al otro aspecto que señalaba el documento que revisa el caso, en el que se plantea la posibilidad de indemnizar a las nueve profesionales sanitarias (tres auxiliares de clínica y siete enfermeras) a las que en febrero se les retiró del salario 30 euros en concepto de complemento de asistencia, dedicación y colaboración. Cuestión para la que habría que trasladar el tema al Juzgado de lo Social. Bouza señaló que esta vía aún no se ha estudiado y por el momento no hay una decisión al respecto.

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