Empresarios de chiringuitos reclaman su instalación en El Palmar

  • Achacan al Ayuntamiento imprevisión para atender la masiva afluencia de público

Los cuatro chiringuitos de la playa de El Palmar, agrupados en la Asociación de Empresarios de Quioscos y Chiringuitos de la playa de El Palmar, reclaman al Ayuntamiento de Vejer que rectifique la prohibición de instalar estos negocios durante la temporada de verano en la costa al estimar que no son los causantes de los problemas de tráfico y seguridad que existen en el núcleo rural.

A juicio de la asociación, la medida adoptada por el Consistorio es "desproporcionada" puesto que las concesiones municipales a los chiringuitos se han renovado sin problemas desde el año 2000, y, en el último año, restringidas al tramo horario comprendido entre las doce de la mañana y las diez de la noche, y sin la posibilidad de ofrecer música.

Según los empresarios, el problema de El Palmar no radica en la instalación de chiringuitos, sino en que la Administración local "no ha previsto un plan de choque para controlar la gran afluencia de público y para combatir las carencias de esta pedanía". Estas deficiencias, según los empresarios, han vuelto a quedar patentes durante la Semana Santa, fecha en la que volvieron a producirse aglomeraciones sin que hubiera instalado chiringuito alguno.

Los concesionarios de las instalaciones acusan al Consistorio de privarles de "su única fuente de ingresos" y de "acabar con 35 puestos de trabajo" durante la temporada de verano. Además, insisten en que han presentado una propuesta de colaboración al Ayuntamiento para instalar los chiringuitos reforzando las carencias de la playa, "sin que hasta la fecha se haya tenido respuesta".

El alcalde de Vejer, Antonio Verdú (PSOE), recuerda que "no existe alternativa" a la decisión de prohibir los chiringuitos esta temporada de verano después de los problemas sufridos durante el pasado verano, que significaron incluso agresiones ambientales al litoral. Verdú recalca que ha sido una decisión "consensuada" con las fuerzas de seguridad locales, con los responsables de playas y con la Comisión Local de Turismo. La prohibición se complementará con una ordenanza contra el botellón en el núcleo rural.

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