Provincia

Golpe policial al SIVE de los narcos

  • Las autoridades seguían desde 2016 al grupo asentado en La Línea que usaba dos radares para vigilar la costa

  • La intervención de hachís en varias fases supera las 70 toneladas

Vista desde la calle, la ampliación construida sobre el tejado de una vivienda del Paseo del Mediterráneo de La Línea aparentaba ser una buhardilla para proteger la colada del mal tiempo. Pero dentro, además de ropa tendida, la techumbre escondía uno de los dos radares de última tecnología al servicio de una red de narcotraficantes que fueron intervenidos el pasado miércoles 17 por la Policía Nacional en una operación que adelantó este periódico.

Con este radar y otro ubicado en una casa cercana, los integrantes del grupo delictivo eran capaces de mantener una labor permanente de contravigilancia a la de las fuerzas de seguridad para buscar el mejor momento en el que alijar hachís procedente de Marruecos en la playa de Levante. Los dos radares venían a cumplir una función semejante a la del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) que utiliza el Estado para controlar todo lo que ocurre en las aguas del Estrecho de Gibraltar, aunque en una versión casera pero sin escatimar en tecnología y capacidad de funcionamiento. De hecho, los equipos no sólo captaban la ubicación de embarcaciones como las del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, también podían ser orientados hacia el espacio aéreo para rastrear la ubicación de los helicópteros del Cuerpo Nacional de Policía o de la Agencia Tributaria, según los detalles de la operación difundidos ayer por la Policía Nacional.

El juez dicta el ingreso en prisión para los tres cabecillas y el resto, en libertad con cargos

El despliegue tecnológico llegó a su fin con un operativo policial que se saldó con diez detenidos en La Línea y un total de 18 registros, 16 en la ciudad y otros dos en las localidades malagueñas de Manilva y Estepona. En total, la Policía intervino cuatro armas de fuego (una de ellas semiautomática), tres narcoembarcaciones, numerosos vehículos todoterreno y más de 50.000 euros en efectivo, además de una cantidad de droga que no ha sido especificada.

La Policía Nacional precisó que además de esta actuación, en fases anteriores de esta investigación intervinieron 70 toneladas de hachís, más de 230 vehículos y 18 armas de fuego, lo que da una idea de la extensión de la trama delictiva asentada en la localidad y su entorno.

De la decena de arrestados, los tres supuestos cabecillas han ingresado en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de La Línea mientras que el resto ha quedado en libertad con cargos; si bien la Policía sostiene que la operación sigue abierta y no se descartan más detenciones en un grupo al que la Policía seguía la pista desde 2016.

La investigación se inició ese año gracias a informaciones recabadas sobre la actividad de un grupo organizado especializado en transportar hachís desde Marruecos hasta España.

Los agentes constataron que la organización estaba jerarquizada, con un claro reparto de tareas y con la existencia de unos jefes que asumían el mando de la dirección sobre los responsables de las embarcaciones. Estos últimos se encargaban de todo lo relacionado con la adquisición, transporte y puesta a punto de las narcolanchas, gestión de la tripulación, combustible así como de otras embarcaciones utilizadas para el avituallamiento.

Los pilotos y tripulantes se encargaban de transportar el hachís por mar hasta las costas del Campo de Gibraltar, donde los porteadores alijaban el hachís desde las embarcaciones hasta los vehículos de carga para su traslado a las guarderías (el almacén temporal previo a su distribución), con personal dedicado a la vigilancia de los fardos.

La red se apoyaba en un sistema de alerta formado no sólo por los radares. También por una estructura en la que los responsables de la seguridad de los alijos habían tejido un entramado de colaboradores para advertir de la presencia policial en la costa. La organización disponía de teléfonos satélite, equipos de transmisión y teléfonos móviles que permitían alertar del momento propicio para introducir un alijo de hachís o para abortarlo en caso de vigilancia policial.

Los dos radares desmantelados en La Línea eran utilizados para controlar a las patrulleras y helicópteros para afinar la entrega con garantías de la droga. Además de esta función, los radares permitían un control técnico de los posicionamientos de todas la personas que se situaban en la costa como "puntos de vigilancia". Los radares, por tanto, permitían al grupo conocer la localización de las patrulleras de las fuerzas y cuerpos de seguridad y también de los integrantes de su entramado delictivo. Complementados por los puntos, el grupo lograba así información suficiente para informar a los jefes de las organizaciones del momento ideal en que debían de dar la orden para alijar.

Los encargados del manejo de los radares eran contratados por las organizaciones criminales para coordinar y dirigir la seguridad de todos los operativos de introducción de hachís. Unos técnicos a sueldo, ya que necesitaban a personas con conocimientos específicos para manejar los equipos, según el Cuerpo Nacional de Policía.

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