Un 15 de junio de 2007 acabaron 16 años de gobierno de Independientes Portuenses. Ese día terminaba un duro mandato para esta formación que había tenido que hacer frente a su descabezamiento (Hernán Díaz había sido inhabilitado un año antes por el nombramiento del jefe de la Policía Local en 1995) y había sufrido un enorme desgaste público por las continuas denuncias judiciales por su gestión, corroborado en unos desastrosos resultados electorales (perdió casi 6.000 votos).

Aquel 15 de junio de 2007, cuando Fernando Gago (aún en las filas independientes) entregaban el bastón de alcalde a Enrique Moresco (otro ex independiente que se había marchado de la formación dos años antes y había ingresado en el PP) ya se estaban tramitando en los juzgados portuenses más de una decena de denuncias contra diferentes responsables de los anteriores equipo de Gobierno municipal que aún hoy continúan abiertas.

En agosto de 2006 (justo el mismo día que Gago tomaba posesión como alcalde), se conocían los resultados del informe que hizo el Tribunal de Cuentas de la gestión del Ayuntamiento entre 1995 y 2000, los años en los que IP gobernó con mayoría absoluta. La auditoría era demoledora. Con respecto al Consistorio, el Tribunal de Cuentas consideraba que, entre otras cuestiones, hubo "deficiencias e irregularidades" en la venta del patrimonio municipal de suelo durante esos años así como la falta de justificación del pago de algunos contratos.

impulsa el puerto

La empresa municipal de fomento económico, Impulsa El Puerto, fue la que salió más cuestionada de la auditoría. El Tribunal de Cuentas determinó que hubo un importante perjuicio económico e irregularidades en varias operaciones urbanísticas que promovió tales como la venta de parcelas en los nuevos polígonos industriales o el proyecto de un campo de golf en la Carretera de Sanlúcar (propiedad, entre otros, del empresario Ramón Marrero, ex consejero de Trabajo de la Junta). Este informe sirvió, además, para que el PP, llegado al Gobierno municipal, justificara el despido de uno de los hombres de confianza de Díaz más cuestionados, el ex gerente de la empresa, José Gijón.

denuncia ecologista

La auditoría del Tribunal de Cuentas derivó en varios procesos. El primero de ellos fue promovido por el propio organismo fiscalizador que, tras un informe de la Abogacía del Estado, abrió diligencias por considerar que había indicios de una presunta responsabilidad contable (actuar en contra de la ley con perjuicio para las arcas públicas) en algunas de las irregularidades detectadas. Sin embargo, a lo largo de estos dos últimos años, se han ido archivando, de manera provisional, al considerarse que no se daban todos los requisitos para que se pueda considerar que se produjo responsabilidad contable en sus actuaciones.

No obstante, tras conocerse el informe, Ecologistas en Acción lo presentó ante la Fiscalía de Cádiz acompañado de un dictamen sobre viviendas ilegales que se realizó en el Ayuntamiento. Posteriormente, el Ministerio Fiscal presentó en enero de 2007 siete denuncias ante los juzgados portuenses al considerar que varias de las irregularidades podrían entenderse como delictivas. Entre ellas apuntaba la venta del patrimonio municipal de suelo (se traspasó sin que se le diera la utilidad que fija la ley y con perjuicio económico para la administración). También se han abierto diligencias por las autorizaciones de luz y agua dadas en los diseminados ilegales del Pinar del Obispo (con el agravante de que el núcleo está construido en parte sobre suelo protegido) y Los Desmontados (un grupo de viviendas erigido sobre un suelo que debía destinarse a zona deportiva). Las diligencias están siendo instruidas por el Juzgado número 3.

viviendas ilegales

Estas dos últimas no son las únicas diligencias judiciales abiertas por la connivencia municipal con el fenómeno de la vivienda ilegal. Actualmente se está a la espera de que el Juzgado de lo Penal de Cádiz determine una fecha para la celebración del juicio por Pinar de Coig, un grupo de viviendas construidas sobre espacio protegido en las faldas de la Sierra de San Cristóbal. Están acusados además de Hernán Díaz, los ex ediles de Urbanismo Pedro Alamillos y Juan Carlos Rodríguez (ambos retirados de la política actualmente). Mientras, continúa en diligencias previas otra denuncia por el diseminado ilegal de El Barranco, edificado en el perímetro de protección del complejo endorreico de las lagunas, contra los mismos responsables municipales.

Paralelamente a esto, el Juzgado número 1 está instruyendo una denuncia por una serie de irregularidades detectadas en Suvipuerto, la empresa municipal de vivienda, entre 2003 y 2005. Tras un informe, del interventor municipal, Juan Raya, (que remitió Izquierda Unida, primero, y el actual consejo de administración de la empresa, después, a la Fiscalía) se iniciaron las diligencias a finales del pasado año. Para la Fiscalía se pudo incurrir en delitos tales como malversación de fondos públicos y prevaricación en las adjudicaciones de construcción de promociones de viviendas públicas y ventas de terrenos entre esos años.

campo de golf

También el campo de golf de la Carretera de Sanlúcar ha generado quebraderos de cabeza para el anterior gobierno. Las instalaciones cuentan con dos sentencias contrarias del TSJA que lo declaran ilegal. La primera anulaba la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que declaraba urbanizables los suelos sobre los que se proyectó y la segunda invalidaba las licencias municipales que permitieron su construcción.

En esta última, el TSJA consideró que podría haber un delito de prevaricación en la concesión de la autorización por parte de la Comisión de Gobierno que la aprobó por lo que conminó a la apertura de diligencias por este motivo. Están imputados, además del ex alcalde, varios ex ediles así como técnicos municipales. En días pasados, el Juzgado rechazó la petición de varios de los denunciados de archivar la instrucción.

También se está tramitando una denuncia interpuesta por Izquierda Unida por el derribo de la parte trasera de la Casa de las Cadenas, un edificio protegido al estar catalogado como BIC (Bien de Interés Cultural). Las diligencias están pendientes de un informe pericial solicitado por el titular del Juzgado. El derribo fue autorizado por la Junta de Gobierno Local.