IU dará un "no rotundo" a la tasa de basuras que prevé implantar el Consorcio de la Bahía

  • Supondría un costa anual de entre 105 y 1.225 euros para empresas y 50 para usuarios domésticos

Camiones llegando a la plana de Miramundo en una imagen de archivo. Camiones llegando a la plana de Miramundo en una imagen de archivo.

Camiones llegando a la plana de Miramundo en una imagen de archivo. / manuel aragón pina

Alcaldes y concejales de IU de la provincia han mostrado su rechazo "rotundo" a la nueva tasa de basura que quiere poner en marcha el Consorcio Bahía de Cádiz y que "afectará a usuarios particulares y a empresas y que, salvo sorpresa de última hora, podría quedar aprobada en la reunión del consorcio prevista para el miércoles (por mañana)", según apuntaron ayer desde la formación. IU explicó que "esta subida supondrá un coste anual de 50 euros para todos los usuarios domésticos y de entre 105 y 1.225 euros para las empresas, en función de valores como el IAE y los metros de superficie".

"Se trata de un nuevo impuesto a todos los usuarios del ámbito del consorcio y que engloba a gran parte de la Bahía de Cádiz, a la zona de la Campiña gaditana y a la Sierra de Cádiz", manifestó ayer el primer teniente de Alcalde de Medina, Santiago Gutiérrez. El edil afirmó que se trata de "una tasa que se quiere aprobar sin la suficiente información y de espaldas a la ciudadanía que se va a ver afectada por esta subida, en contra de los intereses de los usuarios".

Gutiérrez señaló que "todos los municipios que vertemos residuos sólidos urbanos en el complejo de Miramundo tendrían que asumir esta nueva tasa consorcial con la que usuarios y empresas van a tener que abonar directamente, además de la tasa que se paga al municipio por la recogida de basura, una nueva tasa encaminada a financiar el transporte, la transferencia y el tratamiento en esta planta de reciclaje".

Por su parte, el coordinador provincial de IU y alcalde de Medina, Fernando Macías, adelantó que van a emitir un "no rotundo" a esta tasa calificada como "coercitiva", porque la intención del Consorcio es ponerla en práctica "sí o sí" y "con la amenaza de expulsión del Consorcio de aquellos ayuntamientos que voten en contra".

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