La Junta avala la buena marcha de los dos centros de menores de Cádiz

  • El Defensor del Pueblo no los incluyó en su informe sobre malos tratos porque considera satisfactoria su gestión

Un informe del Defensor del Pueblo sobre los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social en todo el país hizo sonar ayer la alarma: en algunos de ellos se maltrata y se abusa de los medicamentos para mantener a los chavales controlados. Pese a que el estudio expresa su satisfacción por cómo están gestionados los dependientes de la Junta de Andalucía, este periódico preguntó ayer expresamente por el estado de los que se encuentran en la provincia de Cádiz.

Fuentes de la Delegación Provincial del Igualdad y Bienestar Social en Cádiz explicaron que el informe deriva de inspecciones en 27 centros de los 58 actualmente existentes en España y que entre ellos no se incluye ninguno de los abiertos en la provincia.

En cualquier caso, añaden las mismas fuentes, inspecciones similares a las que se refiere el estudio efectuadas con anterioridad, "han arrojado una lectura positiva sobre la gestión de los centros ubicados en la provincia". Y añade que el control que ejerce el Servicio de Inspección de la delegación "verifica actualmente el adecuado cumplimiento de las exigencias derivadas del ejercicio de la guarda y atención de menores que les corresponde".

En la provincia hay dos centros con el perfil del estudio: el Centro de Tratamiento Terapéutico, en Benalup, y el centro Rociera, en El Puerto. Con 15 plazas, el primero está gestionado por la Fundación Márgenes y Vínculos y está especializado en el tratamiento de menores varones, cuya edad oscila entre los 14 y los 18 años. Su plantilla la conforman 20 profesionales, entre los que se cuentan psicólogos y trabajadores sociales. El Rociera está gestionado por Afanas El Puerto y Bahía. Las residentes son chicas entre los 13 y los 18 años. Dispone de similar número de plazas y plantilla.

Ambos están gestionados por entidades colaboradoras, aunque la Junta tiene atribuida la competencia exclusiva en instituciones públicas de protección y tutela de menores. Se trata de entidades sin ánimo de lucro habilitadas por la consejería para ejercer las funciones de guarda y atención residencial de estos menores. Operan a través de un convenio, que establece un programa de actuación determinado que funciona gracias a subvenciones. El programa que se desarrolla en Cádiz es el Programa de Atención de Menores con Trastornos de Conducta.

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