Borrón y cuenta nueva. La Junta de Andalucía abrirá un nuevo plan de expropiaciones de suelo en Las Aletas después de que el Tribunal Superior de Andalucía invalidara el año pasado el proceso desarrollado por Obras Públicas. El Consejo de Gobierno autorizó ayer el inicio de una nueva tramitación y negociación con los cerca de 50 propietarios del terreno y acordó que sea la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio la que asuma las competencias de este procedimiento administrativo que afecta a varias consejerías. El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, José Antonio Gómez Periñán, explicó que esta área tendrá las atribuciones, y no la de Obras Públicas -que fue la que pilotó el anterior invalidado-, porque "el Consejo de Gobierno entiende que Obras Públicas lo hizo en virtud de sus competencias de ordenación del territorio y éstas corresponden ahora a Vivienda".

El proceso, que arrancará de inmediato, es la consecuencia de las tres sentencias desfavorables que el Alto Tribunal andaluz dictó durante 2008. "Una vez que los tribunales nos han dicho dónde nos hemos equivocado, no vamos a continuar con el actual procedimiento y empezaremos uno nuevo porque es la vía más rápida para que las obras puedan iniciarse lo antes posible y Las Aletas no sufra retrasos, que es de lo que se trata", argumentó Gómez Periñán, que reconoció que las sentencias sobre la expropiación eran firmes y se dejó pasar la posibilidad del recurso en casación al Supremo porque habría ralentizado la construcción del parque empresarial.

El primer veredicto, emitido en marzo, fue la base y detonante de los posteriores porque invalidó el Plan Especial de Delimitación del Área de Reserva de Las Aletas aprobado en octubre de 2005. Éste fue el procedimiento por el que la Junta de Andalucía "acotaba" el terreno afectado por el proyecto del parque empresarial y justificaba la expropiación de 120 hectáreas de suelo urbano no programado y rústico -el resto hasta las 527 hectáreas totales son de dominio público marítimo-terrestre y están adscritas a la Dirección General de Costas-. El TSJA consideraba que este procedimiento carecía de una "motivación suficiente" y no puede aceptarse como fundamento para llevar a cabo una "excepcionalidad" tal como es la enajenación forzosa de un bien.

Este primer fallo estimaba la demanda de la empresa Dehesa Norte (propietaria de 58 de estas hectáreas) y nueve meses después, el 22 de diciembre, llegarían otras dos sentencias gemelas a favor de la Familia Derqui (aunque toda su superficie está en dominio público) y de Begoña Roldós (esposa de Manolo Gómez, gerente de Comunidades del Sur) y un grupo de pequeños propietarios que sumaban 48 hectáreas. Sobre la extensión del nuevo plan, Gómez Periñán expresó el interés de la Junta de que los acuerdos de expropiación alcanzados con parcelistas en 2005 "sigan vivos" y se aborden sólo aquellos expedientes que se ejecutaron de forma forzosa.