El consejero de Obras Públicas y Transportes, Luis García Garrido, anunció hoy que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están «analizando» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) «recibida hoy» contra el expediente de delimitación de área de 120 hectáreas del Plan Especial de Las Aletas que permitiría su expropiación a medio centenar de propietarios. En este sentido, indicó que la Junta presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En rueda de prensa, el consejero aclaró que el fallo del TSJA afecta al expediente de delimitación de área, que es «una fase previa al proceso de expropiación» para la enajenación forzosa de esas 120 hectáreas a sus propietarios. El fallo del TSJA es «inapelable», pero, según dijo, es «recurrible» y así se plantean hacerlo ante el Tribunal Supremo.

García Garrido se refirió al plan de Las Aletas como un «proceso complejo desde el punto de vista jurídico y técnico» y garantizó que este fallo «no pone en cuestión el proyecto», que es «necesario para el desarrollo industrial de la actividad económica de la zona y también desde el punto de vista logístico».

El responsable de Obras Públicas puntualizó que el proyecto de Las Aletas, en Puerto Real, comprende 527 hectáreas de las que 120 resultarían de la expropiación y el suelo restante es «zona de reserva de dominio, como realizó en su día el Consejo de Ministros».

En este sentido, aclaró que los intereses públicos «serán preponderantes frente a cualquier iniciativa privada» y que, una vez obtenidas esas 120 hectáreas, seguirían siendo «de titularidad pública» y el suelo «no sería enajenado en ningún caso». Es decir, que la ocupación del suelo por parte de cualquier empresa se haría en régimen de concesión o alquiler, pero «no en propiedad».

Asimismo, García Garrido señaló que el Plan Especial de Ordenación de la zona fue aprobado el 27 de enero y añadió que «los trámites continúan» y el Consorcio de Las Aletas tiene «capacidad para sacar adelante el primer proyecto», que es sacar a licitación el vial estructurante.

Finalmente, reiteró que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están realizando un «análisis detallado» del fallo que afecta al expediente de limitación de la zona, no al de expropiación, «que son trámites distintos», y aseguró que «no va a significar en ningún caso, un cambio en las actitudes y el desarrollo planteado en la zona desde las administraciones central y autonómica».