La próxima semana, un grupo de padres de distintos puntos de Andalucía que se han opuesto a que sus hijos cursen la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) presentará denuncias ante el TSJA, la Fiscalía de Menores y la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz contra la Junta de Andalucía. El motivo es la publicación en el BOJA de los nombres de sus hijos para notificarles que se les ha denegado la posibilidad de objetar a esta asignatura.

Se abrirá así un nuevo frente judicial entre el colectivo de padres contrarios a esta polémica materia y la administración autonómica. Esta decisión fue anunciada ayer por Carlos Seco Gordillo, el abogado que está coordinando las actuaciones judiciales de los padres objetores en la comunidad autonóma. Seco fue uno de los conferenciantes del primer encuentro provincial de objetores de Educación para la Ciudadanía que se celebró ayer en El Puerto.

El abogado aseguró que la publicación de los nombres de los menores en el Boletín Oficial de la Junta ha sido un atentado contra su intimidad y su honor. Según la Junta, se procedió a esta vía para notificarles que no les ha sido aceptada su solicitud de objeción ya que le había sido imposible hacerlo personalmente. El pasado día 1 aparecieron en el BOJA los nombres de 91 padres y alumnos contrarios a Educación para la Ciudadanía. "Nuestros hijos no deben ser notificados sino sus padres", indicó Carlos Seco. Por ello el letrado acusó a la Junta de abrir "una nueva batalla". Ésta se sumará a la ya existente en cuanto a los recursos que han presentado algunos padres contra el rechazo a su petición de no cursar la asignatura. Actualmente, y según cifras aportadas ayer por los organizadores del encuentro, hay 17 sentencias favorables del TSJA a padres objetores en Andalucía (la última se conoció ayer en beneficio de un escolar portuense).

Mientras, el alto tribunal andaluz está pendiente de resolver otros 160 recursos. Paralelamente a esto, también se han emitido 80 autos autorizando cautelarmente a los escolares a que no asistan a clase mientras el tribunal no se pronuncie sobre su petición. Sin embargo, en otras comunidades autónomas ha habido fallos judiciales que han mantenido la obligatoriedad de Educación para la Ciudadanía. Según los objetores, estas sentencias no han entrado en el fondo del asunto y se han limitado a rechazar los recursos por cuestiones formales.

No obstante, tal y como se reconoció ayer, la batalla judicial está a expensas de la jurisprudencia que marque el Tribunal Supremo. Todas las sentencias contrarias del TSJA han sido recurridas por la Junta ante el Supremo, que aún no se ha pronunciado.

El encuentro de ayer sirvió para reafirmar la posición contraria de este colectivo a esta asignatura. A su juicio, Educación para la Ciudadanía invade aspectos de la formación que deben recaer en los padres. No se oponen, en cambio, a los contenidos centrados en los aspectos constitucionales y democráticos del Estado que tiene la materia.