Orden judicial para derribar cuatro viviendas ilegales en Puerto Real

  • El Ayuntamiento deberá hacer frente a la primera demolición en el plazo de un mes · Dos de las casas afectadas se encuentran en El Marquesado y el resto en otras zonas del término municipal

El Ayuntamiento de Puerto Real tendrá que hacer frente en el plazo de un mes al primer derribo de una vivienda ilegal construida en su término municipal.

Este periódico ha podido saber que el Área de Urbanismo ha recibido cuatro órdenes judiciales ordenando el derribo de otras tantas viviendas. La primera de ellas, una casa ubicada en el núcleo rural de El Marquesado, tendrá que ser demolida antes del próximo día 29 de septiembre, ya que el Juzgado de lo Penal número 3 de Cádiz así lo ha notificado al teniente de alcalde de Urbanismo de Puerto Real, Antonio Noria. Concretamente, éste recibió dicha notificación el pasado 29 de julio y, en la providencia del juez, se especifica que "en el plazo improrrogable de dos meses proceda a la demolición acordada, con apercibimiento de que caso de no verificarlo, incurriría en un delito de desobediencia a la autoridad".

Se trata de la primera vez en la que el Ayuntamiento de Puerto Real se enfrentará a una demolición de una vivienda ilegal en su municipio. Además, como se aclara en el documento judicial, la decisión no admite demora. En este caso, la demolición se produce por un delito contra la ordenación del territorio y data del año 2005 como consecuencia de una denuncia del propio Ayuntamiento. En los otros tres casos, uno de ellos también pertenece a una vivienda ubicada en El Marquesado mientras que los dos restantes se trata de casas afincadas en otras zonas de Puerto Real y que podrían haber sido edificadas en zona de servidumbre de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.

Este periódico se puso en contacto ayer con el teniente de alcalde delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Puerto Real, Antonio Noria, quien no quiso, por el momento pronunciarse al respecto. Tan sólo aclaró que, en primer lugar, tratará de hablar con las familias afectadas para concer al detalle su situación, si se trata de primera o segunda residencia y, llegado el caso, buscar alguna solución para su realojo.

Lo que sí parece seguro es que estas primeras cuatro viviendas tendrán que ser derribadas y, en breve, podrían sucederse nuevos casos.

El Ayuntamiento de Puerto Real contabilizó, hasta el pasado año 2006, alrededor de 2.000 viviendas ilegales construidas en el término municipal ( en varias zonas). El 90% de estos casos han sido regularizados en el marco del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Sin embargo, ese 10% restantes más todos los casos nuevos de edificación registrados en los últimos tres años tendrán que hacer frente a lo que dicta la Ley.

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