El Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras ha acordado la apertura de juicio oral contra el ex alcalde Patricio González y el técnico municipal José Álvarez por la autorización y la concesión de la licencia para construir el Club Hípico Botafuegos. El Ministerio Fiscal solicita para ambos 6 meses de prisión, una multa de 12 de meses de 6 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 años por un supuesto de delito de prevaricación urbanística.

El caso tiene su origen en una denuncia presentada en 2005 por el grupo ecologista Agaden por la supuesta ilegalidad de haberse construido las instalaciones en suelo no urbanizable de especial protección.

La Fiscalía afirma que la licencia de construcción fue "claramente ilegal" El ex regidor algecireño asegura que la causa "no tiene ni pies ni cabeza"

Tras la larga instrucción (Agaden llegó a transmitir una queja el año pasado al Consejo General del Poder Judicial) la investigación se ha cerrado con la imputación de González y Álvarez y la orden de celebración del juicio ante el Juzgado de lo Penal.

En su escrito de acusación, el fiscal señala que el otorgamiento de la licencia de obras requería la previa Declaración de Interés Público e Interés Social previo informe de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía. Añade que en los suelos no urbanizables de protección especial el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Algeciras vigente en aquel momento (2002) establecía que solo cabía obras de infraestructuras; instalaciones necesarias para la ejecución de las mismas; instalaciones y edificios ligados a actividades primarias; los usos de interés público y social vinculados a los valores propios que se tratan de proteger como información, investigación y conocimiento de los espacios; además de usos recreativos y turísticos apoyados sobre edificios legales ya existentes.

"La posible concesión de una licencia era clara y manifiestamente ilegal. Se trataba de un uso turístico sobre una obra de nueva planta, por lo que no le era aplicable la excepción prevista en el PGOU", expone el Ministerio Fiscal.

"Además se había emitido la declaración de utilidad pública y no se había pedido el informe de la Junta de Andalucía, lo que conlleva la nulidad radical de la misma", continúa.

"Por si fuera poco, en el seno del propio Ayuntamiento existía un informe del arquitecto técnico municipal contrario a la concesión de la licencia", ahonda el escrito.

"Pese a todo, el acusado José Álvarez, que era funcionario del Ayuntamiento en su calidad de ingeniero municipal del mismo, emitió un informe el 24 de septiembre de 2002 en el que, pese a conocer la imposibilidad legal de conceder la licencia, abogaba por su concesión", afirma la Fiscalía.

"Y el también acusado Patricio González, entonces alcalde del Ayuntamiento, concedió la licencia de construcción del club deportivo hípico en la dehesa de Botafuegos a sabiendas de que era contrario a la legalidad. Lo hizo mediante decreto de 2 de octubre de 2002", añade el fiscal.

Por ello la acusación considera a los encartados los autores de un supuesto delito de prevaricación urbanística.

Patricio González manifestó ayer a este periódico que la apertura del juicio oral "no tiene ni pies ni cabeza". El ex alcalde señaló que se limitó a firmar un decreto que había sido elaborado por varios departamentos del Ayuntamiento y que contenía los informes favorables, decreto del que se dio cuenta en la sesión plenaria posterior.

El exregidor añadió que no se puede entender que solo hayan terminado como acusados él y José Álvarez y que se archivara en su momento la investigación sobre el resto de personas que estaban imputadas: el ex concejal de Urbanismo José Ortega; el propietario del Club Hípico Botafuegos, José Galán; la ex secretaria del Ayuntamiento de Algeciras Ana Núñez; y otros técnicos municipales.

González -que resaltó que la denuncia origen de la causa fue presentada en nombre de Agaden por su cuñado- agregó que en aquella época no conocía a José Galán de nada y que él mismo votó a favor en el pleno que tiempo después estableció la anulación de la licencia de obras concedida cuando la Junta declaró que era nula [por ello el club hípico está clausurado en estos momentos].