El nuevo acuerdo de pesca con Marruecos, pendiente de la decisión que adopte el Tribunal de Justicia Europeo, ha llevado una profunda preocupación al sector pesquero gaditano que faena en esas aguas. El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE), el algecireño Pedro Maza, manifestó ayer, en declaraciones a la Cadena Ser, que "verdaderamente sí estamos preocupados; sabemos que el informe y las declaraciones que ha hecho el abogado del Tribunal Europeo no son vinculantes, pero de cualquier forma puede condicionar mucho la decisión de lo que el Tribunal de Justicia diga".

Hay que recordar que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Melchior Wathelet, propuso este miércoles dictaminar que el acuerdo de pesca entre la Unión Europea (UE) y Marruecos "no es válido" por aplicarse al Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes, al tiempo que afirmó que el bloque comunitario "incumplió su obligación de respetar el derecho de ese pueblo a la libre determinación".

El magistrado se pronunció de esta forma sobre la cuestión planteada por el Tribunal Supremo de Reino Unido por la denuncia presentada por la organización Western Sahara Campaing (WSC). La opinión del abogado general es un paso preliminar y no vinculante, aunque en la mayoría de los casos suelen marcar la dirección de las futuras sentencias del TUE.

El actual protocolo de Pesca entre Bruselas y Rabat entró en vigor en el mes de febrero de 2007 por un periodo de cuatro años y ha sido renovado en dos ocasiones, la última en 2013. De hecho, la Comisión Europea pidió este lunes autorización a los Veintiocho para una nueva actualización, puesto que las disposiciones actuales expiran el 14 de julio de este año.

En las conclusiones sobre el acuerdo pesquero presentadas este pasado miércoles, Melchior Wathelet destacó que el pueblo saharaui "no ha dispuesto libremente de sus recursos naturales" como obliga el derecho a la libre determinación, por lo que la explotación pesquera por parte de la UE de las aguas adyacentes al Sáhara Occidental "no respeta el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui". También, Wathelet señaló que el 91,5% de las capturas de la explotación prevista en el acuerdo se da en aguas adyacentes al Sáhara Occidental, por lo que "la contrapartida financiera abonada por la UE a Marruecos debería beneficiar casi en exclusiva al pueblo del Sáhara occidental".

Actualmente, una decena de pesqueros de Barbate dedicados a la modalidad de cerco (boquerones, sardinas, caballas y jureles), están presentes en el caladero marroquí, donde están capturando boquerones y sardinas de buena calidad, aunque con escaso valor comercial en sus subastas en lonja. Esto supone empleo para unos 160 pescadores, además del que se genera en la lonja, vendedurías y transportistas. La actual licencia tiene vigor hasta el próximo 31 de enero, fecha en la que el caladero marroquí entra en una parada técnica que solo afecta a los barcos comunitarios. Esta medida se prolongará hasta el 1 de abril.

Cada armador abona una media de 6.000 euros para poder pescar en esas aguas, además del canon que abona la UE. Los barcos de Barbate comparten licencia para pescar en el Golfo de Cádiz, donde el 1 de febrero culmina la parada biológica establecida.

Sobre este asunto se pronunció ayer el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, quien lanzó un mensaje de tranquilidad a la flota andaluza que faena en Marruecos "dado que las conclusiones del informe sobre una eventual invalidez del convenio son provisionales y no vinculantes y hay que esperar a que la justicia europea dicte sentencia". Sanz hizo estas manifestaciones tras la reunión mantenida en Málaga con el secretario general de Pesca, Alberto López-Asenjo, quien confirmó que ha convocado al sector en Madrid para informar de la situación.

Según Antonio Sanz, es probable que la futura sentencia judicial sobre las conclusiones presentadas por el abogado "no llegue a tener aplicación práctica, puesto que tardará varios meses en emitirse y el acuerdo expira en julio". El delegado recordó que "España valora la relación estratégica del Reino de Marruecos con la Unión Europea y desea poder seguir desarrollando su estatuto avanzado en un clima de confianza y entendimiento como hasta la fecha", incidiendo en la idea de que "las opiniones contenidas en las conclusiones del abogado general comprometen exclusivamente al órgano de las que emanan y procesalmente carecen de efecto vinculante para el Tribunal de Justicia".