Una mujer de 39 años con una incapacidad del 57% reclama al Servicio Andaluz de Salud (SAS) una indemnización de 75.000 euros. Esto ya que considera que la enfermedad incurable que padece en un pie, una distonía (afección neurológica que provoca una contracción muscular) que le impide andar y le causa intensos dolores, es consecuencia de una operación a la que se sometió para eliminar un bulto de dicho miembro inferior.

La afectada ha decidido emprender vía judicial por presunta negligencia médica. Esto tras realizar una reclamación de responsabilidad patrimonial al SAS que ha sido denegada al no encontrar la administración sanitaria relación causal con la patología.

Rosa María Cao se sometió en noviembre de 2005 a una intervención quirúrgica en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz para eliminar una formación quística entre los dedos, una metatarsalgia, originada a causa de una deformación en el pie. Una operación que según "me explicaron no presentaba complicación y me podría ir a mi casa en el día ", relata la mujer.

Sin embargo tras la operación la paciente observó que el pie aparecía en postura no habitual (doblado hacia abajo) no pudiendo moverlo. Un problema que posteriormente un neurólogo del Centro Periférico Vargas Ponce diagnosticó como "distonía postquirúrgica", según él mismo lo definió. Enfermedad que, según relata la afectada, le transmitieron que era incurable tras someterla sin resultados a un tratamiento con toxina botulínica.

Sin embargo el Servicio Andaluz de Salud, tal y como recoge en el dictamen médico del expediente de responsabilidad patrimonial, señala que "un resultado quirúrgico tan complejo no puede determinarse como secuela". Se añade que el problema de la paciente "es una consecuencia no esperada de la evolución de un tratamiento quirúrgico basado en la alteración morfofuncional previa del pie afectado". Asimismo se expone que "teniendo en cuenta que la distonía focal es extremadamente infrecuente, y máxime la distonía del pie, y que las causas productoras de la misma pueden ser muy diversas, no puede establecerse relación directa en la aplicación de infiltraciones ni con la intervención quirúrgica".

Basada en dichas disposiciones la resolución del expediente concluye que "no existe nexo de causalidad entre la asistencia sanitaria dispensada y el daño alegado". Se argumenta al respecto que los quistes y bursitis que presentaba la paciente pueden ser "inductores de la disfonía focal" y que "los resultados postquirúrgicos se deben a la patología previa".

Unos argumentos que no convencen a Rosa María Cao que desde hace cuatro años sólo puede andar con gran dificultad y lentamente haciendo uso de muletas. Depende por completo de sus familiares no pudiendo valerse por sí misma, lo que deriva en una incapacidad reconocida del 57%. Una discapacidad que asegura se une "a los dolores y problemas por el elevado consumo de medicamentos".

La paciente declara sobre su situación que "lo único que quiero y lo único que he perseguido es que, al menos, me ayuden a mejorar mi calidad de vida". Esto ya que, añade, "mientras que en el Puerta del Mar me dijeron que no podían hacer nada, en San Rafael me han operado varias veces para evitar que mi situación empeore".

Una enfermedad que la hace dependiente de su entorno desde hace cuatro años y que entiende como consecuencia clara de la intervención quirúrgica a la que fue sometida , "pues antes no existía y tampoco me la diagnosticaron". Ese es el motivo por el que ha decidido emprender la vía judicial tras quedar agotada la administrativa. A su vez la mujer señala que, incluso si la patología fuese "una complejidad que después el médico me dijo que podría ocurrir una vez de mil intervenciones, antes de la operación no se me comunicó ni verbalmente ni por escrito".