Ahora que por fin en Cádiz parecía que el caso de los bebés supuestamente robados en hospitales de la capital se había activado, que ya la Policía, por orden de la Fiscalía, estaba investigando los extraños fallecimientos de niños a las pocas horas de nacer, acaecidos entre los años 50 y los 80, ha llegado el primer revés judicial.

El Juzgado de Instrucción 2 de Cádiz acaba de decretar el archivo de una de las primeras denuncias que fue interpuesta el 7 de julio ante la Fiscalía de Cádiz. Se trata del caso protagonizado por Francisca Pinto, una mujer de Arcos que dio a a luz a una niña en Zamacola en febrero de 1979, y a la que le comunicaron que su pequeña murió al día siguiente.

Su caso ha seguido un cauce distinto al ser la única de todas las familias que hasta este momento han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Cádiz, (que ya superan el medio centenar) que hace años había denunciado en los tribunales el supuesto robo de su pequeña. Porque Francisca, en 1993, abrió con un notario la fosa del cementerio de San José de Cádiz en la que en la residencia le dijeron que habían enterrado a su hija. Y el notario certificó que acuello era una "huesera y que dentro había cadáveres, pero de adultos, y sólo uno de un feto pero mucho anterior". Por eso, y por las numerosas contradicciones existentes en los papeles del caso (fechas que no cuadraban, causas distintas de muerte), puso una denuncia ese año en el Juzgado de Arcos, desde donde fue remitida al Juzgado de Cádiz, en ese mismo año 93. Allí, menos de dos meses después, sin realizarse siquiera ni una diligencia de investigación, fue archivada la causa "al no aparecer debidamente justificado el delito" de sustracción de menores.

Dado que en su caso había una causa que en su día fue abierta, en la Fiscalía de Cádiz no enviaron a la Policía la denuncia que puso en julio, sino que la archivaron, remitiéndola en noviembre al Juzgado para que fuera reabierta la causa.

Y ahora, y como hace años, sin investigación ninguna, el magistrado del Juzgado 2 de Cádiz, Sergio Escalona, acaba de emitir una resolución en la que vuelve a dictar el sobreseimiento libre y archivo de la causa "por prescripción del delito", en contra de los argumentos de la Fiscalía, que sostenía que nos hallaríamos en la actualidad ante un supuesto de detención ilegal, que, al mantenerse indefinidamente la acción, no estaría prescrita la responsabilidad,

El magistrado, en su resolución, sostiene que el delito podría ser detención ilegal, o sustracción de menores e incluso venta de niños, siendo en cualquier caso la pena máxima que podría imponerse de cinco años y la prescripción a los diez años. Y dado que la niña habría cumplido los 18 años en febrero de 1997, el plazo de prescripción del delito habría vencido en febrero de 2007, intervalo de años en los que la causa ha permanecido paralizada, por lo que decreta el archivo "por extinción de responsabilidad criminal por prescripción del delito".

Tanto Frascisca Pinto como su marido, Andrés Pan, han acogido con suma indignación la noticia. Tras llegarles el auto del juez, se pusieron en contacto con Fiscalía, desde donde les notificaron el archivo de las dos denuncias, la nueva que pusieron en julio y la antigua. "Tienen pruebas suficientes pero no quieren investigar. ¿Qué es lo que quieren ocultar?", señaló Andrés a este diario.

La fiscal jefe, Ángeles Ayuso, cuestionada ayer por este diario , aseguró que estudiará el asunto con el fiscal encargado del caso, "para estudiar si recurrimos".

En la resolución, del pasado 28 de enero y notificada ahora, el magistrado anota que puede ponerse recurso de reforma en tres días, o de apelación en sólo cinco.