Provincia de Cádiz

Zoido y Díaz se alían para imponer la ley y la autoridad en el Campo de Gibraltar

  • Interior reforzará la Policía y prohibirá el uso de narcolanchas

  • La Junta impulsará un plan social con ayudas a la formación y más cooperación transfronteriza para captar fondos europeos

Juan Ignacio Zoido y Susana Díaz presidieron, al frente de sus respectivos equipos, la reunión en San Telmo entre Interior y el Ejecutivo andaluz.

Juan Ignacio Zoido y Susana Díaz presidieron, al frente de sus respectivos equipos, la reunión en San Telmo entre Interior y el Ejecutivo andaluz. / antonio pizarro

Restablecer la autoridad del Estado y garantizar la seguridad de los ciudadanos del Campo de Gibraltar. Éste es el compromiso que se han fijado el Gobierno central y la Junta de Andalucía tras el encuentro de ayer del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y la presidenta andaluza, Susana Díaz, que estuvieron reunidos durante dos horas en el Palacio de San Telmo de Sevilla. "El trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado va a ser determinante para recuperar la normalidad", insistió el titular de Interior al término del encuentro, que se prolongó por más de dos horas. "Cuando unos individuos lanzan un pulso al Estado, el Estado tiene que ganar siempre", agregó la jefa del Ejecutivo regional.

Ambas administraciones coinciden en que la seguridad es la principal prioridad, y eso entra de lleno en las responsabilidades del Ministerio del Interior. Zoido, que insistió en que el encuentro no fue "un brindis al sol", avanzó que se reforzará "con carácter de permanencia" la dotación de la Policía Nacional en la zona. Este incremento de efectivos se sumará al grupo de intervención rápida de la Benemérita que ya está desplegado en el Campo de Gibraltar. Sin embargo, el titular de Interior no especificó plazos ni la cifra de nuevos agentes apelando a la "discreción" que reclaman, según afirmó, los responsables de las fuerzas de seguridad en la zona. Precisamente, en el encuentro estuvieron presentes el jefe superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental, José Antonio Pérez Martínez, y el coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, Jesús Núñez, así como el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz. Por parte de la Junta, además de su presidenta, acudieron el número dos del Ejecutivo andaluz, Manuel Jiménez Barrios, la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, y el director general de Política Interior, Demetrio Pérez.

Gobierno y Junta coinciden en que la seguridad de los ciudadanos es prioritariaLa estrategia contra el narcotráfico se centra también en desmontar sus redes económicas

Otro de los instrumentos con los que se plantea combatir la acción de las mafias es la prohibición de las narcolanchas. El ministro del Interior reiteró que "próximamente" se promulgará un real decreto en el que se declararán fuera de la ley embarcaciones semirrígidas y neumáticas de gran potencia que no tengan carácter de competición. "Se trata de prohibir que esa embarcación que sólo tiene un destino pueda estar siendo comercializada, comprada y estacionada en un puerto deportivo", explicó Zoido, que agregó que la norma impedirá también que las embarcaciones intervenidas salgan a subasta, por lo que su destino será la destrucción o su traspaso a las fuerzas de seguridad.

En el encuentro, se plantearon medidas relacionadas con la seguridad que dependen del Ministerio de Hacienda. Así, se elevará la tasa de reposición de los efectivos de la Policía Local, lo que permitirá complementar la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil. También tiene mucho que decir el departamento que dirige Cristóbal Montoro en la lucha para desmontar las tramas económicas que sustentan las redes del narcotráfico. Ello pasa necesariamente por dotar de mayores medios a la Agencia Tributaria y a los Servicios de Vigilancia Aduanera . Asimismo, el encuentro también se planteó la necesidad de reforzar la colaboración transfronteriza con Marruecos y Gibraltar.

La presidenta de la Junta subrayó que la administración regional acompañará la actuación del Gobierno central con el plan extraordinario que asumió el viernes pasado en una reunión con el alcalde de la La Línea, Juan Franco. El primer punto de esta iniciativa consite en un plan extraordinario de formación ocupacional, dotado con 1,5 millones de euros. Este plan se complementa con un programa de formación dual con las grandes industrias, "en el que ya hay grandes empresas muy interesadas como Ubago". En tercer lugar, la administración incrementará el personal de intervención social "en las zonas más conflictivas de La Línea". Por último, el Gobierno andaluz impulsará una Asociación para la Cooperación Transfronteriza con el fin de captar fondos europeos para la zona.

Díaz aclaró que un equipo de trabajo coordinado por el director general de Política Interior, Demetrio Pérez, revisará y evaluará los compromisos adoptados ayer. En ese sentido, resaltó que la Junta invertirá más de 56,2 millones en La Línea en 2018, a lo que suman otros 68 millones destinados al nuevo hospital que estará en funcionamiento a pleno rendimiento el próximo verano. Además, la presidenta andaluza señaló que se estudia compartir con la administración central el uso del antiguo hospital, situado en el entorno de la Atunara, para apoyar las medidas de intervención social.

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