La hostelería siempre está en el punto de mira. Con más de 26.000 trabajadores en la provincia y 7.000 empresas, tanto grandes como pequeñas, relacionadas con el turismo y el sector servicios, es lógico que cada movimiento se mire con lupa. En el medio de la diana están siempre las condiciones de los trabajadores, que se ratificaron el pasado 11 de mayo con la firma del Convenio Colectivo Provincial de Hostelería, válido hasta 2019.

Juan Peris-Mencheta, asesor sindical de este sector en Comisiones Obreras, apunta que en la actualidad hay 26.400 empleados, de los que el 46% son mujeres y el 54% hombres. Estas cifras cambian en los negocios hoteleros y los alojamientos, ya que en este caso hablaríamos de un 60% de mujeres y un 40% de hombres.

Afirma que la negociación del convenio fue "difícil" ya que la patronal no estaba por la labor de aplicar una subida salarial "a pesar de los años de bonanza económica que vive el sector". No obstante, finalmente se ha conseguido que el incremento salarial durante el primer año sea del 1,25%, en el segundo de 1,50% y en el tercero de 1,75%, mientras que en cada uno de los tres años de duración del convenio operará una cláusula de revisión en lo que exceda del 2% del IPC.

La negociación de las condiciones económicas no ha sido la parte más complicada, ya que, según explica CCOO, fue en el resto de aspectos en los que "Horeca planteaba recortes a lo ya acordado anteriormente. Por ejemplo, en materia de contratación proponía que el contrato mínimo de 4 horas desapareciera o se disminuyera y que la jornada ordinaria que está estipulada en 9 horas, aumentara". Además, la patronal pedía mayor flexibilidad en la contratación que la que ofrece el estatuto de los trabajadores y quería eliminar el complemento por enfermedad. Juan señala que "por lo que más se ha discutido y por lo que ha habido 16 reuniones es para tratar de convencer a la representación empresarial de que se respetaran esos acuerdos para la contratación, para el mantenimiento de un empleo fijo en el sector, porque cada vez hay un incumplimiento más generalizado".

Y es que la realidad del sector, según el asesor sindical, es que "cada vez hay más contratos en precario", ya que según el convenio el tope de temporalidad de una empresa que lleva más de dos años en el sector debe ser del 35%, por lo que el 65% restante se incluiría como empleo estable, algo que "no existe en la realidad". Esa precariedad supone que tampoco haya un cumplimiento "en los descansos y en el número de horas semanales".

En cuanto a la retribución, el sindicato ha llevado ante la justicia la externalización o subcontratación de servicios, una acción que en algunos casos "supone situar el salario por debajo del mínimo interprofesional". CCOO sostiene que eso genera una economía sumergida porque "no todos los trabajadores están dados de alta o no están dados de alta por el número de horas que realmente echan". Por ello destaca que si en "la mayor industria existente en el país" no hay una aplicación correspondiente en lo que se refiere a la contribución a la Seguridad Social por las horas que se trabaja, "entonces estamos poniendo en peligro muchas cosas y eso está ocurriendo". Insiste en que no se trata de que no se paguen horas extras, si no que ni siquiera se abonan las ordinarias que se realizan, y "si eso no es de carácter general, si es cada vez más frecuente que empresas pequeñas y medianas caigan en la tentación porque lo hacen los otros. Es algo que está a ojos vistas de todo el mundo".

En resumen, Peris-Mencheta dice que "hay un incumplimiento constante de las cuatro patas del sector: contratación, jornada, descanso y retribución, y eso se produce en años de bonanza, imáginate en otras épocas".

Para él el problema estriba en que todas estas cuestiones no llegan a la autoridad pertinente porque "no hay suficientes denuncias por parte de los propios trabajadores, que tienen miedo ante lo que les pueda ocurrir". Además, añade que los medios con los que cuenta la Inspección de Trabajo en la provincia "son insuficientes" y para muchos negocios "es más rentable pagar una multa que cambiar las condiciones de los empleados". El alto porcentaje de paro de esta provincia y la escasa formación necesaria que exigen algunas empresas conlleva que el trabajador no dé un paso al frente, porque "si yo no lo hago, hay cien más en la puerta dispuestos a hacerlo".

El asesor sindical explica que en la empresa pequeña "al que abre la boca no se le prorroga el contrato y esa empresa sabe que lo va a sustituir rápidamente". En general, aunque no ocurre siempre, el empleado de la hostelería "trabaja con un contrato que no le corresponde por lo que realiza; hace un número de horas superior a la jornada ordinaria, que no son retribuidas y sin respeto, por tanto, del descanso, y no se le tiene en cuenta la productividad, que está más que demostrada en el sector", finaliza.

Por su parte, el presidente de Horeca, Antonio de María Ceballos, defiende que "si no se está pagando debidamente o no se respetan las horas, lo que tiene que hacer el trabajador es denunciarlo, porque además es muy fácil. Si no lo quiere hacer en persona puede ir a CCOO o CGT, a la 'Marea Café con leche' o que lo haga un familiar por él".

El presidente de la patronal subraya que en el sector de la hostelería "si alguien comete irregularidades es un loco porque hay inspecciones de Trabajo que pueden acarrear multas de más de 6.000 euros. Nadie se va a arriesgar a eso". Desde su punto de vista "es impensable contratar por menos de 4 horas, que es como se ha negociado con los sindicatos, ni trabajar más de ocho. Si el trabajador permite eso, entonces es cómplice de una infracción grave".

Antonio de María cree que el miedo no es la causa para que no haya más denuncias ya que "es una leyenda urbana que te vayan a despedir por denunciar a tu empresa". No obstante, no niega de forma tajante que ocurra en la actualidad en el sector. "No digo que no se den estas situaciones, solo digo que si eso sucede, hay que denunciarlo en la Inspección de Trabajo, no en la prensa. Es lo lógico", concluye.